Consumo está abriendo un expediente sancionador a Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está intensificando su supervisión del mercado de alquiler en España, y actualmente está abriendo un expediente sancionador contra Alquiler Seguro. Esta medida, según informa El País (2025), surge a raíz de denuncias sobre posibles prácticas abusivas en la gestión de alquileres, incluyendo el cobro indebido de comisiones, la imposición de seguros obligatorios y la prestación de servicios no solicitados a los inquilinos.
Investigación en curso y posibles sanciones
La investigación, que se inició en octubre, sigue su curso y podría extenderse a otras agencias inmobiliarias. La Dirección General de Consumo ha solicitado información a varias agencias tras recibir quejas del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas organizaciones denuncian que Alquiler Seguro, presuntamente, está infringiendo la ley de vivienda vigente.
Según la ley, es ilegal que los inquilinos asuman los gastos de gestión inmobiliaria, formalización de contratos o la contratación forzosa de seguros y servicios no deseados. Aunque la apertura del expediente no prejuzga el resultado final, el Ministerio advierte que las sanciones por incumplimiento podrían ser considerables. Las infracciones graves podrían acarrear multas de hasta 100.000 euros, o incluso superar esa cifra, alcanzando entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. En casos de infracciones muy graves, las multas podrían ascender hasta un millón de euros, con la misma posibilidad de multiplicarse por el beneficio ilícito.
La respuesta de Alquiler Seguro
David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, ha declarado públicamente que la empresa «cumple la norma a rajatabla» (El País, 2025). Asegura que están dispuestos a colaborar con las autoridades y revisar sus procesos si Consumo interpreta que es necesario. Caraballo insiste en la transparencia de la empresa y en su disposición a demostrar su «buen hacer» a la administración y a cualquier interesado.
La empresa, según su CEO, está abierta a analizar cualquier procedimiento que Consumo considere que requiere revisión, mostrando una postura colaborativa ante la investigación. Sin embargo, mantiene su firme creencia en que sus prácticas se ajustan a la legalidad vigente.
Contexto y precedentes
Esta acción contra Alquiler Seguro se suma a otras iniciativas recientes del Ministerio en el ámbito de la vivienda. En diciembre, se abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquileres turísticos por publicidad ilícita, y en febrero se investigó a empresas de gestión de viviendas turísticas por anuncios engañosos. Esto indica una clara tendencia del Ministerio a controlar y regular el sector inmobiliario, protegiendo los derechos de los consumidores.
El País (2025) informa que la plataforma de alquileres turísticos se enfrentó a un expediente por mantener miles de anuncios de alojamientos considerados publicidad ilícita, en infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo exigió la retirada inmediata de estos anuncios, y ante la negativa de la plataforma, se procedió a la apertura del expediente.
Implicaciones para el sector
Este expediente sancionador contra Alquiler Seguro podría tener importantes implicaciones para el sector inmobiliario. Si se confirman las prácticas abusivas, la empresa podría enfrentarse a sanciones económicas significativas y a la necesidad de modificar sus procesos. Además, esta situación podría generar una mayor conciencia entre los consumidores sobre sus derechos y aumentar la presión sobre otras agencias inmobiliarias para que cumplan con la normativa vigente.
Las investigaciones en curso y los expedientes sancionadores son una clara señal de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está tomando medidas enérgicas para proteger a los inquilinos y garantizar la transparencia en el mercado de alquiler. La evolución de este caso y sus resultados serán determinantes para el futuro de la regulación del sector inmobiliario en España.
Las posibles consecuencias
- Multas económicas significativas para Alquiler Seguro.
- Modificación de los procesos internos de la empresa.
- Mayor control y regulación del sector inmobiliario.
- Aumento de la conciencia de los consumidores sobre sus derechos.
En resumen, el Ministerio está actuando con firmeza para asegurar que las prácticas en el mercado de alquiler sean justas y transparentes, protegiendo los intereses de los inquilinos y promoviendo un sector inmobiliario más responsable.
