Los poderes Legislativo y Ejecutivo desairan el último informe de Norma Piña

En un acto que marca distancia y desaire, los poderes Ejecutivo y Legislativo enviaron representantes en lugar de titulares al último informe de labores de la presidenta de la Corte, Norma Piña. La ceremonia, que por tradición republicana cuenta con la asistencia de los tres poderes, se vio opacada por la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de las cámaras del Congreso.

Desaires y ataques: una constante en la gestión de Piña

En su discurso, la ministra Piña denunció los constantes ataques y amenazas que ha sufrido la judicatura durante su mandato. Acusó al gobierno de desprestigiar y amenazar a los jueces por dictar sentencias contrarias a sus intereses. Como ejemplo, citó la declaración de inconstitucionalidad del decreto que pretendía transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ministra también criticó el aumento de la prisión preventiva oficiosa, una medida que atribuyó a la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la inseguridad.

La ausencia de la presidenta y los legisladores: ¿un mensaje político?

La ausencia de la presidenta Sheinbaum y los líderes legislativos ha sido interpretada como un desaire político hacia la Corte Suprema. El año pasado, a pesar de las tensiones entre el gobierno y el poder judicial, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, asistieron al informe de Piña.

Esta ausencia ha generado especulaciones sobre un distanciamiento entre el gobierno y el poder judicial. Los analistas consideran que el desaire podría tener consecuencias para la independencia y la autonomía de la Corte Suprema.

La Corte Suprema: un pilar de la democracia

La Corte Suprema es un pilar fundamental de la democracia mexicana. Su independencia y autonomía son esenciales para garantizar la separación de poderes y el Estado de Derecho. Los ataques y desaires al poder judicial ponen en riesgo el equilibrio democrático del país.

Es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo respeten la independencia de la Corte Suprema y se comprometan con el diálogo y la colaboración para fortalecer el sistema democrático mexicano.