El gasto militar español se dispara: ¿Estamos preparados?

El gasto en Defensa español sigue disparándose. En los últimos dos años, esta partida ha demandado inyecciones adicionales para financiar los compromisos existentes y los nuevos que se han ido añadiendo. La diferencia entre la previsión y la ejecución real supera el 20% desde 2022.

¿Qué está impulsando este aumento?

La invasión rusa de Ucrania y el compromiso de los países de la OTAN de elevar sus gastos militares al 2% del PIB para 2030 han acentuado la situación. Además, el Tribunal de Cuentas ha advertido contra esta práctica y el Tribunal Constitucional ha anulado en el pasado créditos presupuestarios por aprobarse por decreto para saltarse el control parlamentario.

Uno de los ejemplos más recientes de los gastos de defensa no previstos en los Presupuestos es el anuncio del envío de armas a Kiev por un valor de más de 1000 millones de euros, que volverá a ensanchar este desfase en 2024.

¿Es sostenible este ritmo de gasto?

Según los analistas consultados, esta tendencia se mantendrá en el futuro, tanto por el tenso contexto geopolítico (conflicto en Ucrania, guerra entre Israel y Hamás...) como por el compromiso asumido con la OTAN.

Sin embargo, algunos expertos consideran que este ritmo de gasto no es sostenible. "Los Gobiernos prefieren reducir al mínimo posible el gasto en Defensa durante la tramitación de los Presupuestos, sean del signo que sean. Saben que hay oposiciones históricas a este capítulo y existen razones de estabilidad presupuestaria", afirma Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano.

¿Cómo se está gestionando el aumento del gasto?

La insuficiente presupuestación en materia militar está obligando a los gobiernos a recurrir a fórmulas poco ortodoxas para sortear presiones internas, esquivar a la opinión pública y dedicar más recursos, al menos sobre el papel, a otras partidas.

Así, en los últimos tiempos, por ejemplo, ha habido tensiones entre los socios de Gobierno al aprobarse un fuerte repunte del importe destinado a Defensa en las cuentas del año pasado, de más de un 26%. "Es un clásico. Las desviaciones suelen superar el 30% en los peores casos", corrobora Antonio Fonfría, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y académico en la Academia de la Ciencia y las Artes Militares.

¿Qué consecuencias tiene esta falta de control?

Algunos estudios calculan una desviación mayor de la que resulta del alejamiento del presupuesto inicial, teniendo en cuenta todos aquellos capítulos que elevan el gasto militar al margen de las facturas del ministerio. El Centro Delàs de Estudios por la Paz, por ejemplo, estima que el pasado ejercicio el gasto destinado a Defensa superó los 27.000 millones de euros, y que en 2022 rebasó los 22.000 millones frente a los 10.155 asignados por las cuentas.

Además, el hecho de que el gasto militar se diluya en distintos apartados también crea una suerte de guerra de cifras sobre el verdadero esfuerzo militar del país. Si España calculó un presupuesto militar para 2021 de 9.409 millones, el 0,78% del PIB, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri) estimó que, para el mismo ejercicio, la cifra alcanzó los 16.526 millones de euros, el 1,4% del PIB.

¿Qué soluciones se plantean?

Para mejorar el control sobre el gasto militar, algunos expertos sugieren adoptar un Presupuesto de base cero. "Es complicado, pero daría mayor control sobre el gasto", apunta Fonfría. "Lo que no hemos hecho en diez años lo queremos hacer en seis, y eso es un problema grave en lo presupuestario", señala Fonfría, que no considera realista el plan del Gobierno para alcanzar la meta que se ha fijado de cara a 2029. "Si se hubiese hecho de forma paulatina se llegaría sin grandes problemas a ese 2%, pero ahora se tiene que hacer deprisa y corriendo, lo que además puede generar un sinfín de problemas de gestión".

Conclusiones

El gasto militar español se encuentra en un momento de inflexión. La invasión rusa de Ucrania y el compromiso con la OTAN están impulsando un aumento del gasto que no parece sostenible a largo plazo. El Gobierno deberá encontrar fórmulas para controlar este gasto y garantizar la transparencia y el control parlamentario.