Las asociaciones denuncian la "inanición presupuestaria" del Gobierno andaluz en materia de memoria democrática
Las asociaciones memorialistas de Andalucía alertan de la insuficiencia de los 1,2 millones de euros asignados por la Junta para políticas de memoria democrática en los presupuestos de 2025, lo que consideran una "inanición presupuestaria" que se viene produciendo desde hace seis años.
"El deterioro de las políticas de memoria democrática ha sido progresivo desde que el PP llegó a la Junta, lo que demuestra una falta de voluntad política y de interés", ha señalado Antonio Manuel Mateos, portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática.
La partida prevista para 2025 supone una merma de casi medio millón de euros respecto de lo presupuestado en 2018, y no contempla partidas específicas para la reparación a las víctimas o el fomento de lugares de memoria.
La única referencia explícita en los presupuestos es para la localización, delimitación y exhumación de fosas del franquismo y la identificación genética de restos, con una dotación de 1,2 millones de euros, insuficiente para acometer proyectos como el de la fosa Monumento en el cementerio de Sevilla, que alberga más cuerpos de represaliados que la vecina Pico Reja.
Las asociaciones también critican la escasa ejecución de las partidas destinadas a memoria democrática en los últimos años, con un gasto de solo el 5,8% en exhumaciones en 2022.
Además, denuncian la falta de aprobación del II Plan de Memoria Democrática, que debería abarcar de 2023 a 2027, y del que solo se conoce un borrador presentado en marzo de 2023.
También ponen de relieve la parálisis en la identificación del ADN, con muestras aportadas por familiares que aguardan a ser cotejadas con los restos de represaliados identificados pero aún sepultados.
La mayoría de los trabajos de localización y exhumaciones en Andalucía se están realizando gracias a las aportaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues la Junta mantiene una mínima implicación en estas actividades.
Las asociaciones memorialistas exigen a la Junta de Andalucía que cumpla con la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y dote adecuadamente las políticas de memoria democrática, para garantizar la reparación a las víctimas del franquismo y preservar la memoria histórica.
