Una organización criminal desmantelada por defraudar más de 100 millones de euros en la venta de hidrocarburos
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos.
La organización, con sede en Sevilla, vendía grandes cantidades de producto a un precio inferior al del mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para desviar los beneficios.
La operación se ha saldado con 46 detenidos, 30 sociedades investigadas, el bloqueo de 100 cuentas bancarias y el embargo de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.
Modus operandi
El 'modus operandi' empleado por la cúpula de la organización siempre se repetía: se beneficiaban de los vacíos legales en la comercialización de hidrocarburos y creaban entramados societarios con testaferros que actuaban como administradores de las empresas en cada ejercicio fiscal investigado, desde 2019 a 2023.
El diseño de los entramados, realizado por la cúpula de la organización, era cada vez más sofisticado para dificultar la labor inspectora y la investigación. Los entramados cambiaban constantemente y tenían una vida útil limitada, no más de un año (un ejercicio fiscal).
Las estructuras societarias abarcaban casi todo el territorio nacional, lo que permitía a la organización abastecer de hidrocarburos a pequeños comerciantes de diferentes puntos de la península. Las principales oficinas desde las que se gestionaban las ventas estaban en Barcelona y Jerez de la Frontera.
Blanqueo de capitales
La organización blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y la adquisición de empresas del sector sanitario, hotelero, de restauración y clubs náuticos. También diversificaron parte de los beneficios para financiar bienes como viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo y joyas.
El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción, y aún no se ha cuantificado totalmente el fraude fiscal cometido. Por el momento, se estima que supera los 100 millones de euros desde 2019.
