El Ayuntamiento de Madrid recurre las sentencias que anulaban las licencias de 50 cocinas fantasma
El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que anulaban las licencias otorgadas a 50 cocinas fantasma ubicadas en dos naves industriales en la calle de Imperial, 6 (Centro), y en la calle de Canillas, 18 (Chamartín).
Las sentencias, emitidas el 12 de septiembre, indicaban que el Consistorio no había realizado las evaluaciones ambientales de estos lugares que funcionan como restaurantes, pero que solo sirven comida para entrega a domicilio, ni los análisis de los perjuicios para las personas que residen en los alrededores.
La apelación fue confirmada a EL PAÍS por el abogado defensor de los vecinos, Fernando Arnanz, quien tiene en su poder el documento de las apelaciones realizadas por el Ayuntamiento, con fechas del 3 y 4 de octubre, aunque los afectados las recibieron el lunes 7 de octubre.
A pesar de ese documento, una portavoz de Urbanismo del Ayuntamiento se ha limitado a negar el recurso ante las preguntas de este periódico: “No por ahora”.
La sentencia también consideraba que tanto en el número 18 de la calle de Canillas —donde hay 38 cocinas instaladas— como en la calle de Imperial, 6 —donde hay otras 12— “el Ayuntamiento ha hecho dejación de su deber” al no calificar adecuadamente la actividad para la que se solicitaban las licencias.
En ambas manzanas hay 276 y 250 viviendas, respectivamente. “La totalidad del proyecto de obras y de actividad concernido debió someterse al procedimiento de evaluación ambiental”, indicaba el texto.
Los residentes de ambas zonas, que desde 2020 han tenido cientos de problemas por la contaminación, el ruido y el peligro que provocan estos negocios, aseguran estar “absolutamente indignados” por el recurso.
“No es de recibo que estos negocios después de cuatro años sigan aún en el centro de Madrid y al lado de viviendas, y no entendemos por qué el Ayuntamiento ha vuelto a recurrir”, afirma Esther Lomas, que vive en el barrio de una de las naves industriales.
Las apelaciones también suponen más dinero que sale del bolsillo de los propios vecinos. Lomas cuenta que antes de la sentencia el gasto de la demanda ya superaba los 35.000 euros, y ahora esto les “supone otro desembolso de dinero tremendo”.
“Tenemos que volver a pagar los abogados para que nos defiendan ante este recurso. Estamos pagándolo dos veces: con nuestros impuestos, ya que el Ayuntamiento funciona con sus propios abogados, y con nuestro propio dinero”, critica.
Ambos recursos implican que, de momento, las cocinas continúen funcionando, al menos hasta que el Tribunal Supremo de Justicia no se pronuncie sobre la conformidad de la sentencia, o bien, que la revoque. Esto puede tardar hasta un año, dependiendo de la sección en la que sea asignado el caso, según el abogado, Arnanz.
Este criterio lo respalda el caso de éxito más conocido en cuanto a anulación de licencias, en 2022. En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid fue obligado a cerrar una decena de cocinas fantasma situadas pared con pared con un colegio público del distrito de Arganzuela, en el número 8 de la calle de Alejandro Ferrant, junto al centro Miguel de Unamuno. Recurrió, y un año después el fallo definitivo obligó a revocar los permisos.
