El Estatuto del Becario, en el limbo tras su presentación en sociedad
El Estatuto del Becario, presentado en sociedad el 15 de junio de 2023 por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sigue en el cajón pese a su presunta aprobación aquel día por parte de la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El texto, rechazado por la patronal y los rectores universitarios, nunca llegó al Consejo de Ministros y se quedó en el tintero tras las elecciones generales.
Ahora, el grupo parlamentario de Sumar ha dado un nuevo paso para sacar adelante esta normativa y conseguir que el PSOE se mueva. Este viernes registró una proposición no de ley (PNL) que, de aprobarse, instaría al Ejecutivo a tramitar “con carácter urgente” el estatuto del becario.
Falta de consenso
El acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar recoge una breve referencia a la aprobación de este texto, pero no especifica si el que debería salir adelante es el acordado con las centrales. La proposición no de ley de Sumar apuesta por el texto de junio.
Sin embargo, fuentes parlamentarias del PSOE consultadas en los últimos días indicaban que una norma de estas características necesita el consenso de todas las partes involucradas. De eso adolece la norma que suscribieron sindicatos y Trabajo, dado el rechazo frontal de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Claves del estatuto
La norma que se firmó en 2023 se esfuerza en clarificar que las prácticas no son una relación laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”, indica el texto.
Además, restringe las horas de prácticas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Un grado universitario de cuatro años se compone de 240 créditos, así que las prácticas no pueden superar los 60 créditos. Es decir, 1.500 horas, que a ocho horas al día equivalen a 188 días.
Las extracurriculares, que son las que complicaron la negociación, se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora.
El estatuto no obliga a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligación de compensar los gastos en los que incurran. Así, los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención.
Este es uno de los puntos que más críticas despertaron. Si la empresa retribuye al becario y esa cantidad es suficiente para compensar esos gastos, no hay cargas adicionales para la compañía.
Por otro lado, la norma establece que los becarios no pueden ser más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, con el matiz para las pymes de que siempre pueden ser al menos dos; impide que trabajen a turnos o por la noche, salvo si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; permite la compatibilización de la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas incumplidoras.
