El Gobierno de España aprueba una subida salarial del 2,5% para empleados públicos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subida salarial del 2,5% para los empleados públicos, con carácter retroactivo desde enero. La medida, que ya había sido adelantada por los sindicatos CCOO y UGT, se enmarca dentro del acuerdo que el Gobierno firmó con estas organizaciones el año pasado y que contempla un incremento salarial fijo del 2%, más otro 0,5% en función de la evolución de los precios.
Cumplimiento del acuerdo con los sindicatos
El acuerdo con los sindicatos establecía que si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicaría ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%.
Aplicación retroactiva
Por ello, el sueldo de los funcionarios se tendrá que elevar un 2,5%, incluso sin conocer aún los datos de inflación del conjunto de 2024. La subida será retroactiva desde enero, por lo que los empleados públicos recibirán el aumento en sus nóminas de marzo.
Valoración de los sindicatos
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente la aprobación de la subida salarial. "Aunque tarde, se da un paso más en el cumplimiento del acuerdo", han destacado en un comunicado. No obstante, ambas organizaciones sindicales continúan trabajando para el cumplimiento del acuerdo y negociando la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, con el objetivo de que se pueda cerrar el acuerdo antes del verano.
Contexto de inflación
La subida salarial del 2,5% se produce en un contexto de elevada inflación. Los precios han aumentado un 5,9% en el último año, según los datos del INE. Esta situación está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que las organizaciones sindicales están demandando medidas para proteger el salario de los empleados.