El Gobierno avanza en la desregulación de internet y las telecomunicaciones
El Gobierno Nacional trabaja en la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable. Esta medida le permitió al gobierno anterior congelar precios y fijar los aumentos tarifarios, una práctica que se mantuvo hasta el fin de su mandato y que generó una ola de medidas cautelares en la Justicia por parte de las compañías.
Impacto negativo en el sector
El decreto fue promulgado en agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando la educación y el trabajo sucedía de forma remota. En ese entonces, se reconoció como servicio público esencial a los servicios de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y se le dio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la facultad de regular los precios.
Sin embargo, aunque la cuarentena terminó y las aulas y oficinas volvieron a llenarse de gente, la medida sigue vigente. Esto ha tenido efectos negativos en el sector, ya que ha obstaculizado el desarrollo de nuevos y mejores servicios y ha generado una disminución de las inversiones.
Derogación del DNU
La derogación del DNU 690/2020 está en camino administrativo y se publicaría en las próximas semanas. Desde el Gobierno esperan que esta medida no genere un aumento en el valor de estos servicios, ya que las empresas han recurrido a la Justicia para poder actualizar sus valores en un contexto de alta inflación.
Cierre de delegaciones provinciales del Enacom
En otra medida relacionada, el Gobierno también anunció el cierre de todas las delegaciones provinciales del Enacom a partir del próximo 1° de abril. Esta decisión afectaría a unas 300 personas y desde el Gobierno justifican que buscan “asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado en beneficio de todos los ciudadanos”.
Según explicaron oficialmente, tras un “exhaustivo análisis” de la actividad desarrollada en las delegaciones provinciales, se observó una “disminución significativa” de sus funciones desde que se implementó el Trámite a Distancia (TAD). Por lo tanto, consideraron que hay “una desproporción” entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones.
Auditoría al Enacom
La decisión de cerrar las delegaciones provinciales del Enacom llega luego de que el Gobierno dispusiera la intervención del organismo el 29 de enero, con el objetivo de “evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizarlo y profesionalizarlo al servicio de los argentinos”.
Mientras tanto, se sigue llevando adelante una auditoría de la gestión al frente de Claudio Ambrosini, dirigente del massismo y extitular del organismo durante la gestión de Alberto Fernández.
