El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló hoy la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó al Ministerio de Capital Humano que informe en un plazo de 72 horas un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán.

El fallo del juez

En su fallo, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

El magistrado tomó esta decisión ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La apelación del Gobierno

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, consideró que el juez "violó la Constitución Nacional" al ordenar la entrega de los alimentos, ya que se "entrometió" en una política pública del Ejecutivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado esta mañana que el Gobierno apelaría la resolución porque considera que "no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública".

El Gobierno sostiene que los alimentos guardados en esos depósitos están destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de comedores sociales.

La investigación periodística

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape, que luego fue recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.

El pedido del juez

En su resolución, el juez Casanello le encomendó al Ministerio de Capital Humano que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".

Además, el juez pidió "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra documentación respaldatoria de la información suministrada".