El real decreto-ley para la reforma del subsidio de desempleo, que también contempla cambios relevantes para la prestación contributiva del paro, ya es debatido en el Congreso. El Gobierno ha entregado la documentación correspondiente a los diputados, quienes decidirán si avalan la norma o no. Entre esta documentación se encuentra la memoria económica, que revela que el Ejecutivo ha reducido significativamente el impacto presupuestario de la norma. Ha disminuido de 648 millones de euros anuales a sólo 64 millones.
Reducción del gasto
Atendiendo a la memoria económica que acompaña el real decreto y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, cuando el Gobierno aprobó la reforma del subsidio a finales de 2023, se calculó que la norma elevaría el gasto público en al menos 648 millones de euros durante su primer año.
Esta versión de la reforma del subsidio de desempleo finalmente decayó al ser rechazada en el Congreso. El Gobierno tuvo que elaborar un nuevo real decreto-ley, en colaboración con los sindicatos y acordando previamente detalles con los grupos parlamentarios, que recoge mejoras sustanciales respecto a su predecesor, tales como la compatibilidad entre la prestación contributiva de paro y un salario, así como la no eliminación de las sobrecotizaciones para mayores de 52 años.
Previsiones del gasto
Con estos cambios sobre la mesa, cabría pensar que el impacto presupuestario aumentaría. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, no lo considera así.
De hecho, estiman que el gasto adicional para el primer año de la reforma será diez veces menor de lo previsto anteriormente, situándose en los 64 millones de euros mencionados anteriormente. Más aún, el equipo de Yolanda Díaz prevé ahorros a partir del tercer año de aplicación.
Claves para el ahorro
¿Cómo se explica este cambio en las cifras? El equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lo atribuye, fundamentalmente, a la posibilidad de compatibilizar el subsidio y la prestación contributiva con un empleo, lo que se conoce como complemento de apoyo al empleo, y a la consiguiente disminución del gasto en políticas activas de empleo, gracias a la reducción de usuarios.
Se calcula que la reducción del gasto en políticas activas será de unos 200 millones de euros anuales. Por otro lado, el ahorro en prestaciones gracias al complemento de apoyo al empleo y a la reincorporación más temprana de los desempleados ascenderá a unos 215 millones.
Beneficios adicionales
Además, hay que tener en cuenta 21 millones de euros adicionales en materia de cotizaciones al desempleo que ingresaría el Estado por estos nuevos trabajadores. Se trata de una mejora de los ingresos públicos que también repercutiría en la Seguridad Social, que prevé ingresos extra por valor de 300 millones de euros.
El texto estima que el número de beneficiarios más inmediatos de esta compatibilidad entre prestación/subsidio y empleo alcanzaría las 430.000 personas.
Previsiones a largo plazo
Para el tercer año de aplicación de la reforma del subsidio y la prestación de desempleo, la memoria económica del real decreto-ley prevé ahorros. En concreto, el gasto descendería en unos 43 millones de euros anuales.
Y para el quinto año de aplicación, la reducción ascendería a 44 millones de euros anuales.
Cambios relevantes
Entre los cambios más destacados que introduce la reforma, cabe mencionar el aumento gradual de las cuantías. El subsidio será del 95% del IPREM durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales), del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del 80% actual durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).
La reforma entrará en vigor en noviembre de este año. La duración máxima del subsidio se mantendrá en 30 meses y podrá compatibilizarse con un salario durante 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía.
En el caso de la prestación contributiva de desempleo, podrá compatibilizarse con un trabajo tras un año cobrando la prestación, siempre que el salario no supere el 225% del IPREM (1.350 euros mensuales). Esta medida se aplicaría inicialmente a partir de 2025.
Este nuevo régimen de compatibilidades irá acompañado del establecimiento de mecanismos de control a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo.
También habrá una simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, eliminándose el mes de espera para quienes hayan agotado su prestación contributiva y soliciten el subsidio, que podrá cobrarse desde el primer día.
Además, la reforma suprime los subsidios parciales para quienes hayan trabajado a tiempo parcial, para que puedan cobrarlos íntegros, al tiempo que permitirá que personas con menos de 12 meses cotizados, requisito para acceder a una prestación contributiva, puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará especialmente a los jóvenes.
Ampliación de la cobertura
Se facilita, además, el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para quienes acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, de forma alternativa, y se ampliará la cobertura permitiendo el acceso a las parejas de hecho como unidad familiar.
La reforma también permitirá que quienes cobran subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, incorporarse al Ingreso Mínimo Vital (IMV), salvo las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que seguirán percibiendo el subsidio.
Mejora de la eficacia
Por último, se introduce como causa de suspensión del subsidio que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reincorporarse a su actividad y no lo hagan, salvo causa justificada.
