El juez insiste en que Ángel Ron debe ir a juicio por la quiebra del Banco Popular
El magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha reiterado que el ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, debe ser juzgado por la quiebra de la entidad financiera en 2017. En un duro auto, fechado este lunes, el juez subraya que Ron "no tenía sólo una función representativa", sino que era el máximo responsable de la administración del banco.
Ampliación de capital con déficit de gobernanza
Según el juez, Ron "impulsó" la ampliación de capital de 2016 y "permitió que se aprobara, con un déficit de gobernanza notable y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de euros de la ampliación". Calama insiste en que el investigado habría alterado de forma "premeditada" las cifras del banco para maquillar sus cuentas y así atraer a los inversores a dicha ampliación de capital.
El papel del Banco de España
Ron, en su recurso, había señalado al exgobernador del Banco de España (BdE), Luis María Linde, como el máximo exponente de la supervisión de las entidades financieras del país. Sin embargo, el juez Calama rechaza esta argumentación, indicando que el Banco Popular, como entidad sistémica, estaba bajo la órbita supervisora del Banco Central Europeo desde 2014.
Hechos incriminatorios contra Ron
El auto judicial expone que existen "hechos incriminatorios clarísimos" contra Ron que justificarían que se siente en el banquillo de los acusados. Por ejemplo, el magistrado señala que Ron "intervino en el diseño" de la ampliación de capital de 2016, "determinando que la cantidad que se iba a pedir al mercado fuese de 2.506 millones de euros".
Además, "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos". El juez considera que este consejo fue "una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".
Naturaleza delictiva de las alteraciones contables
Por todo ello, Calama concluye que existieron "importantes alteraciones" de la contabilidad del Banco Popular que tendrían "naturaleza delictiva y que conllevaron la presunta estafa a los inversores que acudieron a la ampliación de capital del año 2016".
El auto judicial ha sido respaldado por la Fiscalía Anticorrupción y rechaza el recurso presentado por la defensa de Ron, que se oponía a que fuese juzgado por la quiebra del Popular, ocurrida en 2017, tras una ampliación de capital por valor de más de 2.500 millones de euros convocada en 2016.
Se espera que el juicio contra Ángel Ron y su cúpula comience en los próximos meses.