El juez Hurtado rechaza retrasar la comparecencia del fiscal general en el caso de la pareja de Ayuso
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado se mantiene firme en su imputación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de la causa judicial de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que, horas antes de que el fiscal general accediera a esa información, ya circulaba por la redacción de varios medios.
El fiscal general se enfrenta a un delito de revelación de secretos
El magistrado defiende que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y querellante contra el fiscal general, no es “un defraudador confeso”, pese a que hay dos correos donde reconoce ante la Fiscalía los dos delitos fiscales que cometió, y que afirmarlo daña su reputación.
Así lo ha explicado Hurtado en un auto: “El reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
Hurtado escribe estas líneas en el documento donde ha rechazado la mayoría de las diligencias solicitadas por la Abogacía General del Estado, defensora de García Ortiz, entre ellas la de posponer la declaración del fiscal general prevista para este miércoles.
- La Abogacía, que acusa a Hurtado de omitir las pruebas que exculpan al fiscal general en el caso del novio de Ayuso, pidió la suspensión de la declaración de su defendido.
- También solicitó que se citara antes a la pareja de la presidenta madrileña y a más periodistas que conocieron el pacto de conformidad.
El fiscal general se sentará por primera vez en la historia de la democracia en un banquillo para declarar por la presunta revelación de una información que, como se ha publicado en las últimas semanas, ya circulaba por las redacciones de varios medios bastante antes de que el fiscal pidiera esos correos.
La jurisprudencia que sentó la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de la sentencia 866/2008 dice que los datos “previamente revelados a los profesionales de la información” pierden su carácter secreto y reservado. Lo que pone en duda que García Ortiz pueda ser investigado por un delito de revelación de secretos, ya que antes que él otras fuentes revelaron la información.
El juez Hurtado defiende su postura
Hurtado, por el contrario, acusa que las informaciones que publicó EL PAÍS sobre la cuestión de la filtración son “opiniones que no es fácil entender que se pretenda con ellas variar un criterio judicial razonablemente expuesto”.
Este periódico se limitó a detallar con pruebas objetivas cómo recibió la información de la proposición de la pareja de Ayuso para reducir su pena, previo pago de lo defraudado (350.951 euros) más una multa y, a cambio, se le reduciría la pena para evitar su ingreso en prisión. Una información que no publicó porque el letrado de González Amador no respondió a las preguntas de este periódico.
La Abogacía pidió a Hurtado que citara a más periodistas de la Cadena SER y EL PAÍS que conocieron detalles de la información secreta divulgada en aquellos días. El magistrado también ha rechazado estas diligencias.
El origen de la denuncia
Todo gira en torno a la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid interpuso el pasado marzo contra González Amador por dos delitos fiscales y a dos correos electrónicos (uno del 2 de febrero y otro del 12 de marzo) que el abogado del empresario envió a la Fiscalía donde su cliente admitía los delitos y proponía un pacto.
El 12 de marzo, eldiario.es publica solo la información de la denuncia del fraude y la historia salta a la agenda mediática.
Cabe destacar que el empresario reenvía esa mañana al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el último correo que su abogado acababa de recibir del fiscal al cargo, Julián Salto, sobre el caso en el que este le adelantaba que la proposición de la pareja de Ayuso seguía en pie.
Sobre la diligencia de tomar en declaración a González Amador por este reenvió, el magistrado señala que es sorprendente la petición: “La práctica de todos los días nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el proceso como acusación más que favorecer venga a resultar perjudicial para el acusado”. Y que “para formar una idea de la posición del querellante” ya está la propia querella y “la actividad de su representación a lo largo de lo actuado”.
La filtración de los correos
Un día después, el 13 de febrero a las 21.29 horas, El Mundo difunde un artículo donde se hace referencia al acuerdo del empresario con el fiscal de la causa, Julián Salto. Pero la información no es correcta, ya que el medio afirma que es la Fiscalía la que le propone un pacto a González Amador, cuando fue al revés.
El fiscal general reclama a sus subordinados los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Los mensajes le llegan a las 21.56 horas. Minutos después, La Sexta publica el primer desmentido contra la información de El Mundo.
Miguel Ángel Rodríguez, como respuesta, envía a un grupo de periodistas el último correo que el fiscal envió al abogado del empresario y, minutos después, publica un tuit con el bulo de que González Amador no ha podido responder al pacto porque “la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo”.
Respecto a la petición de requerir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, Hurtado expone que el jefe de gabinete de Ayuso no conocía el correo litigioso, que es el del 2 de febrero de 2024, donde el abogado del empresario admitía los delitos de su cliente y proponía un acordo.
Media hora después, la Cadena SER publica el contenido del primer correo con la admisión de los delitos y la propuesta del acuerdo por parte de González Amador.
La única diligencia que ha aceptado el juez es la incorporación a la causa de varios documentos que pedían las defensas, como varias instrucciones y guías de actuaciones de la Fiscalía General del Estado y dos noticias publicadas en EL PAÍS sobre el caso.
