La corte arbitral del Banco Mundial resolverá este mes la disputa entre Enagás y Perú
El gestor del sistema gasista español lleva más de un lustro esperando una resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, en su disputa con el Estado peruano por el gasoducto fallido GSP. La cuantía del litigio asciende a 511 millones de dólares (475 millones de euros) y la corte arbitral planea emitir el laudo antes de que finalice el mes de febrero, según ha comunicado Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En sus previsiones financieras, la empresa confía en recuperar al menos 236 millones de euros antes de que termine la década, dejando el resto para más adelante. La expectación es máxima, ya que el monto en juego equivale a casi dos años de beneficio anual para Enagás.
Un conflicto con lazos internacionales
La disputa se remonta a 2018, cuando Enagás presentó una reclamación contra Perú en virtud del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre ambos países. El organismo constituyó el tribunal un año después, con un presidente pactado por las dos partes y dos árbitros, uno designado por la firma española y otro por las autoridades peruanas. El último avance público en el caso se produjo en diciembre de 2022, cuando ambas partes remitieron al Ciadi sendos escritos sobre las costas.
El conflicto entre Enagás y Perú por el gasoducto GSP data de 2017, cuando el Gobierno peruano paralizó el proyecto, adjudicado tres años antes. La empresa presidida por Antonio Llardén reclama al Estado andino la recuperación de todo lo invertido antes de que decretase su cancelación definitiva.
Repercusiones económicas y políticas
Un fallo favorable a Enagás supondría una inyección de recursos equivalente a 24 meses de beneficios para la empresa española. "Primero debe recibir el laudo, esperamos que favorable, antes de final de mes. Y, después, cobrarlo, que es un proceso que puede tomar bastante tiempo", desliza Fernando García, responsable de análisis de utilities europeas de RBC Capital Markets.
Además, el gestor gasista tiene "el problema de no poder repatriar los dividendos" de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde tiene varados "unos 400 millones". "Enagás espera que, si se resuelve favorablemente el arbitraje de GSP, este otro también se resolverá rápido", añade Virginia Romero, directora de análisis ESG en el Banco Sabadell.
Por su parte, un fallo desfavorable al gestor gasista español repercutiría negativamente en las cuentas públicas peruanas, que ya apuntan a un déficit del 2,5% este año. En sentido contrario, sería una buena noticia indirecta para las arcas españolas, ya que el mayor accionista de Enagás es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 5% hoy valorado en casi 200 millones de euros.
