El Gobierno reconoce a las aseguradoras que podrían compensar las pérdidas de Muface
Las compañías aseguradoras vinculadas a Muface estudian fórmulas para blindar a quienes participen en el nuevo convenio 2025-2027 por si sufren pérdidas, como ya ocurrió en el concierto vigente.
Muface ha reconocido que las aseguradoras pueden alegar haber sufrido una desviación presupuestaria “significativa”.
Esta cuestión se ha tramitado a través de la plataforma de contratación del sector público, donde Muface ha explicado que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, “no se puede establecer que haya un porcentaje específico de desviación” que permita apreciar una ruptura del contrato administrativo.
Muface también se refiere a un dictamen del Consejo de Estado, de 2019, en el que se menciona “una quiebra radical del equilibrio económico-financiero contractual, por su excesiva onerosidad”, y reconoce que se podría reconocer la necesidad de compensar a la empresa que contrató con la Administración por desviaciones “inferiores incluso al 5%”, siempre que se haya dado un riesgo imprevisible.
Muface lleva años infrafinanciado
El sistema Muface parte de una cuota obligatoria que pagan mensualmente los empleados públicos para cubrir su atención sanitaria y la de sus familiares.
Como la cuota que aportan los funcionarios no basta para cubrir el coste de esta prestación, el Estado contribuye para mantener el sistema. La última propuesta por parte del Gobierno es mejorar un 33,5% el dinero que cobran las aseguradoras, lo que elevaría el montante a abonar en tres ejercicios a 4.500 millones de euros.
Aun así, solo la aseguradora Asisa sigue analizando si se presentará a la nueva licitación.
En el convenio anterior, 2021-2024, las tres aseguradoras participantes alegan que perdieron en conjunto 600 millones de euros. El principal motivo fue el fuerte aumento de la inflación tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también hubo un aumento imprevisto de la demanda de servicios sanitarios por parte de mutualistas.
Muface reconoce como una de las causas para reclamar esas compensaciones “las variaciones significativas en el coste de la prestación del servicio de asistencia sanitaria, o en su frecuencia de uso, derivadas de situaciones tales como el aumento del precio de los actos médicos producido por una situación de inflación muy superior a la prevista en el contrato”, tal y como ya sucedió en 2022 y 2023.
También “a la aparición de una situación sanitaria que incremente significativamente la frecuencia en la prestación del servicio sanitario”.
En el caso de Adeslas, la compañía ya anunció que no se presentaba al nuevo concierto al calcular que, de hacerlo, sufriría unos números rojos cercanos a los 250 millones de euros. En el caso de DKV, la entidad los cifró entre 70 y 100 millones de euros.
El Gobierno se ha mostrado proclive a buscar algún tipo de solución jurídica para que las aseguradoras que sufrieron un quebranto económico por el concierto 2021-2024 tengan un resarcimiento. Solo así, y con garantías hacia pérdidas futuras, se podría conseguir que concurrieran varias al nuevo convenio 2025-2027.
Mientras tanto, 1,53 millones de funcionarios y familiares no saben qué tipo de cobertura sanitaria tendrán cuando acabe 2025.
