El Ministerio del Interior aplaza las sanciones del registro de viajeros mientras las empresas turísticas expresan su descontento
Desde su implementación el 2 de diciembre, el nuevo registro de viajeros, impulsado por el Ministerio del Interior, ha generado controversia y confusión en el sector turístico español. La normativa, que obliga a establecimientos de alojamiento, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a proporcionar hasta 42 datos personales de sus clientes, buscaba fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el terrorismo. Sin embargo, tras los primeros 100 días, el Ministerio no ha impuesto ninguna sanción, aumentando la incertidumbre sobre su aplicación.
Según Carlos Molina (2025), periodista de El País, esta falta de sanciones está generando aún más dudas sobre la aplicación del régimen sancionador. «Hay muchas empresas que no están aportando información y aun así no se les está sancionando, porque si lo hacen les están dando argumentos para que puedan acudir a los tribunales. Creo que esa es la razón por la que no están multando y por la que no han publicado la orden ministerial que debe desarrollar el decreto a través del que se aprobó el registro», afirma Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).
El registro de viajeros: un instrumento policial en el punto de mira
El Ministerio del Interior defendió la medida como un instrumento policial crucial para la lucha contra el terrorismo y la comisión de delitos. Fuentes del departamento, dirigidas por Fernando Grande-Marlaska, argumentaron que el conocimiento de la logística de vehículos a motor y alojamiento es indispensable para desarticular organizaciones criminales. Se ampararon en los resultados de dos años de funcionamiento voluntario, que permitieron la identificación de 18.584 personas con órdenes de búsqueda y captura activadas a través de bases de datos y el sistema de información Schengen.
No obstante, este argumento no convenció al sector empresarial, que expresó su preocupación por la imposibilidad de cumplir con la norma debido a la falta de medios, la dificultad para acceder a todos los datos exigidos y la posible vulneración de las leyes europeas de protección de datos. El incumplimiento podría acarrear sanciones que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la falta.
La orden ministerial, clave para el futuro del registro
El debate se centra ahora en la orden ministerial que desarrollará el decreto a través del cual se aprobó el registro. Aunque Interior aceleró la redacción de un borrador a finales de diciembre, su versión definitiva se ha pospuesto hasta el verano. Esta orden ministerial es crucial porque definirá la cantidad exacta de datos que habrá que aportar y quién estará obligado a facilitarlos. Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, aseguró en diciembre que solo serían 13 datos, dos de ellos adicionales a los que se solicitaban antes de la entrada en vigor del nuevo registro.
Ramón Estalella (2025) insiste en la necesidad de la publicación inmediata de la orden ministerial que desarrollará la norma: «Han pasado casi cuatro meses desde que entró en vigor el real decreto y el borrador de orden ministerial se sometió a consulta pública sin que se aceptaran ninguna de nuestras sugerencias. La orden ministerial que lo desarrollará es vital para clarificar las obligaciones que tenemos que cumplir y los pasos que tenemos que dar en el futuro».
Hoteles y agencias de viajes preparan su defensa legal
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) está asesorada por el bufete Tourism & Law y no descarta denunciar el registro ante los tribunales si se les obliga a recopilar información que vulnere la sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 21 de junio de 2022. Esta sentencia incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el registro vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, salvo en casos de alerta terrorista o autorización judicial.
Las agencias de viajes también han preparado su defensa legal tras ser ignoradas sus reclamaciones durante el periodo de alegaciones al borrador de la orden ministerial. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), señala que «el trabajo con los asesores legales de los últimos meses ha estado dirigido a una futura impugnación de la orden ministerial si es que alguna vez se publica». Añade que muchos asociados se han quejado de que la plataforma se bloquea con frecuencia y que muchos clientes se niegan a proporcionar ciertos datos personales.
Las agencias de viajes exigen su exclusión del registro
Las agencias de viajes solicitan ser excluidas del ámbito de aplicación del registro, argumentando que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo afecta a las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, sin mencionar a las agencias de viajes, operadores turísticos o intermediarios. «La inclusión de las agencias de viajes en un real decreto vulneraría así el principio de jerarquía normativa», subraya Mercedes Tejero (2025).
El impacto en el sector turístico
Con 202.664 establecimientos dados de alta en el registro, incluyendo 12.713 hoteles, paradores y hostales, 5.021 agencias de viajes y 1.965 empresas de alquiler de vehículos, el grueso de la información proviene de apartamentos y apartahoteles (68.524) y viviendas de uso turístico (65.510). Esta disparidad y la falta de sanciones generan interrogantes sobre la efectividad y la equidad del registro.
En resumen, la implementación del registro de viajeros en España sigue siendo un tema de debate y controversia. La falta de sanciones, la indefinición de la orden ministerial y las posibles acciones legales del sector turístico mantienen la incertidumbre sobre el futuro de esta normativa y su impacto en la industria.
Referencias
- Molina, C. (2025, 31 de marzo). Interior no ha impuesto ninguna sanción en los 100 primeros días del nuevo registro de viajeros. El País. Recuperado de https://elpais.com/economia/2025-03-31/interior-no-ha-impuesto-ninguna-sancion-en-los-100-primeros-dias-del-nuevo-registro-de-viajeros.html
