El Ministerio de Derechos Sociales persigue la publicidad de viviendas turísticas sin licencia
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para perseguir la publicidad de viviendas turísticas sin licencia. Esta medida ha generado malestar entre las dos grandes plataformas que controlan el mercado en España: Airbnb y Booking. El Ministerio señala que estas plataformas son responsables de la oferta ilegal de alojamientos turísticos, mientras que Airbnb y Booking argumentan que no tienen ninguna obligación legal de supervisar o controlar dicha oferta.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy señala que ha enviado requerimientos de información a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener datos sobre las viviendas que se anuncian en sus plataformas. El objetivo es identificar a los arrendadores, las condiciones de arrendamiento y si los propietarios poseen o no licencias para uso turístico.
Airbnb y Booking niegan haber recibido notificación
Las dos plataformas han negado haber recibido por ahora ninguna notificación por parte de la Dirección General de Consumo y han mostrado su perplejidad ante el anuncio del Gobierno. Airbnb y Booking consideran que el Gobierno las está señalando como responsables de la oferta ilegal y alegan que una sentencia del Tribunal Supremo, hecha pública en enero de 2022, las desliga por completo de dicha responsabilidad.
Según la sentencia, la información del anuncio, incluido el número de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia. En este sentido, el Tribunal Supremo considera que Airbnb es un intermediario neutro de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni un prestador de servicios turísticos.
Responsabilidad de las plataformas
Tanto Airbnb como Booking apuntan que su única responsabilidad legal es responder a los requerimientos de las Administraciones públicas una vez que hayan detectado irregularidades, anuncios sin número de registro o falsedades en los mismos. Las plataformas aseguran que no supervisan ni controlan la oferta, y que solo están obligadas a responder a las solicitudes y retirar toda la oferta que no cumpla con la ley.
Presión sobre el Gobierno
La presión sobre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que controlen el fenómeno de los pisos turísticos se ha intensificado en los últimos meses debido al aumento de las manifestaciones contra el turismo masivo. Estas protestas han coincidido con una reducción de la oferta de vivienda de alquiler y un encarecimiento de la misma, especialmente en las zonas turísticas.
En la última Conferencia Sectorial de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez anunció que su departamento, junto con el de Industria y Turismo, adelantará el cumplimiento del nuevo reglamento europeo. Esta medida se traducirá en la creación de una plataforma estatal con las comunidades autónomas para compartir datos y normativas sobre los alojamientos turísticos con el fin de combatir el fraude.
Airbnb ha liderado las conversaciones y ha reclamado un enfoque a escala comunitaria para conseguir normas más coherentes en toda la UE. La prioridad pasa ahora por expandir la colaboración con ciudades y gobiernos de países de la UE para brindar apoyo a las familias que ejercen de anfitrión y ayudar a encontrar soluciones a problemas locales, como la escasez de vivienda.
