Investigadores reclaman al Ministerio de Seguridad Social un cómputo justo de las prácticas no remuneradas

Investigadores y Ministerio de Seguridad Social se reúnen para abordar el cómputo de prácticas como cotizaciones

El Ministerio de Seguridad Social se ha reunido este viernes con la comunidad científica, disconforme con el plan del departamento que posibilita la suma de hasta cinco años de prácticas no remuneradas para el cómputo de la jubilación mediante el pago de unos 290 euros mensuales. Esta propuesta es rechazada por estos profesionales debido a sus extensos periodos como becarios, que con el planteamiento actual podrían traducirse en pagos de hasta 17.000 euros.

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Reclamaciones de los investigadores

Ante esta situación, los investigadores han presentado varias reclamaciones al ministerio, entre las que destacan la consideración de la base de cotización correspondiente en el momento de las prácticas (en lugar de la de 2024, que eleva el precio) y la asunción por parte del científico únicamente de la parte de la cotización correspondiente al trabajador, mientras que la Seguridad Social bonificaría la parte que habría correspondido a la empresa.

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En circunstancias normales, la parte empresarial de las cotizaciones es la más elevada, un 23,6% por contingencias comunes, mientras que el trabajador abona un 4,7%. Los científicos solicitan que la Seguridad Social abone la parte de la empresa y ellos se hagan cargo de la del empleado.

Sin embargo, es necesario precisar que los convenios especiales (como el que se articula para esta compra de cotización) funcionan de otra forma: al tratarse de una compra a posteriori, la Seguridad Social no diferencia por conceptos.

Pese a ello, los investigadores esperan que el Estado asuma una porción muy superior a la que contempla actualmente la orden ministerial.

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Discusión y respuesta del ministerio

Este ha sido uno de los puntos que más discusión ha generado en la reunión, según una de las participantes, Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. "Desde el ministerio nos insisten en que tendría un coste muy importante para el Estado, pero para nosotros no es asumible tener que pagar hasta 17.000 euros".

Otro punto principal, que parece más fácil de encauzar, es que la base mínima aplicable sea la del año en que se cursaron las prácticas y no la de 2024. "El ministerio ha reconocido que la orden ministerial tenía varios errores y que tienen que introducir medidas para responder a nuestras reivindicaciones. Lo que no nos han dicho es cómo lo van a hacer", indica Soengas.

Según explica, el replanteamiento de la orden se trasladará primero a la mesa de diálogo con sindicatos y patronal, que volverá a reunirse el próximo lunes.

Reacción de la comunidad científica

"En su conjunto, las asociaciones de investigadores agradecen la voluntad de escucha del secretario de Estado (Borja Suárez) y esperan que las medidas a introducir permitan resolver una injusticia histórica en sus condiciones laborales", indica la comunidad científica en un comunicado.

En el mismo texto, piden "recuperar los derechos laborales de todo el periodo trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social".

Por su parte, tras la reunión, el departamento de Elma Saiz ha declarado que ha escuchado las observaciones del colectivo y que les ha manifestado "el compromiso de llevar este asunto a la mesa del diálogo social para su revisión".