La Comisión Europea amenaza con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el impuesto mínimo global
La Comisión Europea ha amenazado este jueves con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por seguir sin poner en marcha las medidas necesarias para trasponer el nuevo tipo mínimo global de imposición del 15% en el impuesto sobre sociedades para las compañías multinacionales y grandes grupos empresariales. Madrid no es la única capital que ha recibido la alerta. El Ejecutivo europeo ha denunciado que también Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal no han informado de la aplicación nacional de la medida, en vigor desde el 1 de enero de 2024.
España, en el punto de mira por el retraso en la transposición
En este nuevo paso, Bruselas ha enviado un dictamen motivado a estos Estados miembros, que ahora tendrán dos meses para responder dudas y tomar las medidas necesarias, mientras que la Comisión Europea se guarda la opción de llevar el asunto ante el TJUE. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor las leyes necesarias para cumplir con la directiva del pilar 2 [como se conoce técnicamente al tipo mínimo del 15%] antes del 31 de diciembre de 2023. Hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones. Sin embargo, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal aún no han notificado sus medidas nacionales de aplicación. Por lo tanto, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado a estos Estados miembros que ahora tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
, señala la Comisión en una nota publicada este jueves.
Una medida para frenar la evasión fiscal
La directiva se ha implementado un año después de que se alcanzara un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar las reglas fiscales globales. El pacto se selló en 2021 entre más de 140 países y jurisdicciones, con el objetivo de frenar la competencia fiscal a la baja entre países en el impuesto de sociedades y reducir así el incentivo para que las empresas transfieran sus ganancias a territorios con bajos impuestos.
El organismo con sede en París estima que, a nivel global, esta nueva figura pueda brindar 220.000 millones de dólares adicionales (200.000 millones de euros) a nivel global. Este tipo mínimo funciona como un suelo de tributación, pero no se aplica a todas las empresas. Solo están afectados los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, tanto europeos como internacionales, con ingresos consolidados iguales o superiores a los 750 millones de euros y con una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE.
La respuesta de España
El Gobierno español aprobó en diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea sobre el tipo mínimo de sociedades. El objetivo de este anteproyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G-20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales
, señalaba entonces el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el proceso de transposición no ha acabado, y de ahí el toque de atención de Bruselas. España ya cuenta con un impuesto mínimo del 15% sobre las grandes empresas, que implementó en 2022. La gran diferencia es que se aplica sobre la base imponible, mientras que la figura europea se calcula sobre el resultado contable ajustado, una magnitud que se asemeja más a los beneficios.
La directiva, de hecho, contiene una serie de normas comunes para calcular y recaudar este impuesto complementario
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