La Fiscalía rebaja a 17 años la petición de cárcel para Eduardo Zaplana en el caso Erial

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado a 17 años de prisión la pena que solicitaba para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, en el marco del caso Erial. La petición inicial era de 19 años, pero el fiscal ha retirado uno de los delitos de falsedad, manteniendo los de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Se mantiene también la petición de una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

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Zaplana mantiene su inocencia

Durante el juicio, Zaplana negó todos los cargos, incluido el amaño de adjudicaciones, las comisiones y la tenencia de dinero en el extranjero. Sin embargo, reconoció su amistad con los acusados, a quienes Anticorrupción considera miembros de un "grupo criminal".

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Confesiones y absoluciones

El fiscal ha rebajado las peticiones para Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, y su amigo Joaquín Barceló, tras confesar ambos sus delitos. Estas rebajas podrían permitirles eludir la prisión, ya que no se proponen condenas superiores a los dos años de prisión por cada delito. También podrán eludir la prisión los empresarios José y Vicente Cotino, que confesaron su participación en el amaño de las adjudicaciones de las estaciones de ITV valencianas.

El ministerio público ha retirado además las acusaciones contra tres de los encausados en el procedimiento: la exdiputada del PP Elvira Suanzes, el peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas, por considerar que "no existen pruebas suficientes para sostener la acusación".

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Investigación y decomisos

El caso Erial investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones tras la adjudicación "amañada" del Plan Eólico y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana. El fiscal anticorrupción cuantifica en 20,6 millones de euros el dinero obtenido de forma delictiva por Zaplana y su organización, a través de sociedades radicadas en el extranjero creadas para recibir sobornos.

De esta cantidad, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas.