El futuro de la Mutualidad de la Abogacía está garantizado aun si el gobierno elimina este modelo de ahorro
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, advierte al gobierno que, para eliminar el mutualismo, necesita el apoyo de partidos que no opinan como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Un problema en ciernes
El Ministerio tiene como uno de sus objetivos intentar dar solución al conflicto creado en algunos colectivos como los abogados y procuradores que, hasta ahora, han cotizado en su mutualidad de previsión social. Estos mutualistas están inconformes porque consideran que las pensiones que están generando son muy bajas y, en muchos casos, inferiores a los 500 euros mensuales.
Ante esto, los mutualistas buscan llevar sus ahorros a la Seguridad Social y comprar años cotizados para obtener una pensión pública a cambio. El ministerio está dispuesto a regular las condiciones para que los mutualistas que lo deseen pasen sus ahorros a la Seguridad Social, pero esta norma eliminaría el modelo de mutualidades alternativas al sistema público. Este modelo desaparecería a partir de 2027 y solo se mantendría como un instrumento de ahorro complementario similar al de los planes de pensiones.
La Mutualidad de la Abogacía se mantiene optimista
Ante este panorama, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, asegura que el futuro de esta entidad está garantizado aunque termine la alternatividad en 2027. Sanz explica que esta tranquilidad proviene de que llevan muchos años adaptando la mutualidad a los nuevos tiempos. Esto ha llevado a que, de los 10.500 millones de euros de ahorro para la jubilación de abogados y procuradores que gestionan, solo 3.500 millones corresponden a mutualistas alternativos, mientras que los 7.000 millones restantes corresponden a ahorro complementario.
De los 210.000 mutualistas de esta entidad, solo unos 55.000 son alternativos. A pesar de ello, Sanz defiende el sistema como una vía de ahorro complementario y está luchando para que la Mutualidad de la Abogacía siga siendo una alternativa al sistema público.
El conflicto y sus orígenes
Sanz reflexiona sobre el origen del conflicto y concluye que hasta 2023 no hubo ningún problema. Sin embargo, ese año cambió el sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Los autónomos ya no podían elegir su base de cotización y aportar lo mínimo al sistema, sino que debían cotizar por sus ingresos reales. Los mutualistas se vieron afectados por este cambio y pasaron a tener que cotizar como mínimo por el 80% de la base mínima, según la tarifa que les correspondiera por sus rendimientos netos declarados a Hacienda. Esto, en la mayoría de los casos, elevó su aportación a la mutualidad.
Este cambio generó molestia entre los mutualistas, pues muchos buscaban pagar lo mínimo y complementarlo por otros medios. Al ver que la Mutualidad iba a ser igual de cara que el RETA, muchos perdieron el interés en la mutualidad. Esta primera protesta dio origen al conflicto.
Una pasarela hacia la Seguridad Social
El conflicto adoptó la forma de protestas en las calles, donde miles de abogados y procuradores han revindicado la creación de una pasarela al RETA que les permita comprar años cotizados con sus ahorros en la mutualidad y obtener pensiones públicas. La Seguridad Social ha accedido a diseñar dicha pasarela, pero Sanz prefiere no valorar sus condiciones porque corresponde a quienes deben pagar (los mutualistas) o recibir el dinero (la Seguridad Social). Sin embargo, defiende que la conversión de años cotizados a cambio del ahorro depositado en la mutualidad debe ser justa.
Para la puesta en marcha de esta pasarela, Sanz reclama que el dinero de los alternativos se salga de la mutualidad de forma ordenada y con un calendario adaptado a las previsiones de jubilación año a año. Esto se debe a que no se puede pedir a unas entidades que hagan líquidas inmediatamente inversiones que tenían previstas para el largo plazo.
El futuro de la Mutualidad de la Abogacía
Sanz insiste en que la Mutualidad no pondrá ningún impedimento a los mutualistas que se quieran marchar. Sin embargo, considera que ni siquiera todos los alternativos se pasarán a la Seguridad Social. En el caso de mayor desplazamiento del ahorro, podría irse al sistema público en torno a un 30% (alrededor de 3.000 millones), pero es un dato aleatorio que dependerá de las valoraciones de los mutualistas.
Sanz explica que, a la hora de tomar una decisión sobre su marcha, los mutualistas deberán considerar muchas variables, ya que no todo tendrá el camino fácil que está teniendo ahora. El sistema público está en un momento dulce, con revalorización de las pensiones y subida de las mínimas, pero no se sabe si eso será así en el futuro. Para mantener el sistema, se tendrán que tomar medidas que endurecerán las condiciones.
Por ejemplo, actualmente el periodo mínimo para generar el derecho a cobrar una pensión del 50% de la base reguladora son 15 años, pero no se sabe si se ampliará ese mínimo. Además, en los próximos años, la tasa de sustitución (porcentaje del último sueldo que representa la pensión) de las pensiones españolas deberá bajar del actual 80% al entorno del 60% o 50%. Por lo tanto, los pensionistas tendrán que complementar sus prestaciones con ahorro complementario.
Sanz considera que el gobierno debe incentivar este ahorro, no solo con incentivos fiscales directos, sino también con bonificaciones en las cotizaciones.
La falta de cultura financiera y la precarización de la profesión
Para finalizar, Sanz responde a quienes no se explican cómo los abogados y procuradores, que se dedican a asesorar a empresas y trabajadores, no calcularon que con sus aportaciones a su sistema de previsión no recibirían pensiones mayores. Sanz lamenta que la abogacía se haya dedicado a defender intereses ajenos y se haya preocupado poco de los suyos. También reconoce que existe poca cultura financiera en general en la ciudadanía y en el colectivo de abogados. Sin embargo, concluye que en la base del problema está la precarización de la profesión y la pérdida de ingresos. Si los abogados llegaran a la jubilación con ingresos patrimoniales suficientes, no se preocuparían por la cuantía de la pensión.
