La posición fiscal de las comunidades autónomas en 2023: entre el déficit y las medidas de apoyo
La situación fiscal de las comunidades autónomas (CC. AA.) en España en 2023 ha presentado una mejora con respecto al año anterior, pero ha quedado por debajo de las previsiones. Más de la mitad de las regiones superaron el objetivo de déficit fijado en el 0,6% del PIB, a pesar de la mejora de la recaudación y de los cuantiosos recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Las mayores desviaciones se registraron en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía, que llegaron a duplicar la tasa establecida.
El desfase entre ingresos y gastos autonómicos
En conjunto, las CC. AA. registraron un desfase entre ingresos y gastos del 0,91% del PIB, tres décimas por encima de la tasa de referencia. Este agujero presupuestario se habría disparado sin las liquidaciones del sistema de financiación.
El desfase se multiplicaría por dos, según los datos de contabilidad nacional del último trimestre del año, hasta los 24.490 millones de euros o el 1,7% del PIB, si se descontara el impacto de las liquidaciones del sistema de financiación sobre el déficit, que superan los 11.000 millones de euros y que se abonan con dos años de diferencia.
Algunos de los territorios más rezagados, con desfases superiores a la media, son los que habitualmente se encuentran en esta situación: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas comunidades son las peor tratadas por el sistema de financiación y deben realizar un mayor esfuerzo para garantizar el mismo nivel de servicios públicos que las demás.
El objetivo inicial de déficit y las suspensiones de las reglas fiscales
El objetivo inicial de déficit para las comunidades autónomas era aún más estricto, del 0,3% del PIB. Sin embargo, las CC. AA. que no cumplieron ni con esta meta no se enfrentan a sanciones ni a controles más severos de sus cuentas, ya que las reglas fiscales se encuentran suspendidas.
En otras palabras, el umbral del 0,6% no era vinculante, pero los desvíos registrados implicarán un mayor esfuerzo para este ejercicio, en el que la meta a cumplir es un déficit del 0,1% y vuelve a asomarse el corsé presupuestario.
Las corporaciones locales y la Seguridad Social
Las corporaciones locales tampoco cumplieron con su objetivo, un superávit del 0,1%, y cerraron el año con un saldo negativo del 0,09%. Por su parte, el desvío de la Seguridad Social, del 0,56% del PIB, estuvo en línea con lo previsto.
Factores que influyen en la lenta corrección del déficit autonómico
La evolución de los recursos no financieros con los que cuentan los territorios ha influido en la lenta corrección del déficit autonómico. Estos recursos han pasado de los 223.523 millones registrados en 2022 a los 236.453 millones de 2023, una subida del 5,8% que se explica, entre otras causas, por el aumento de los ingresos que se obtienen a través de la imposición tributaria.
Sin embargo, el volumen de empleos no financieros también ha crecido hasta los 249.707 millones, lo que origina el citado agujero de 13.254 millones de euros.
Los rendimientos vía impuestos se situaron el pasado ejercicio en los 86.818 millones de euros, 10.000 millones más que los logrados en 2022. En este apartado, sin embargo, hay notables diferencias en función de cada figura.
Mientras que los gravámenes sobre el capital y sobre la producción y las importaciones han caído un 5,6% y un 2,4% anual, respectivamente, los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han disparado con un avance superior al 20%, desde los 53.633 a los 64.507 millones de euros.
Dentro de esta última rúbrica destaca el IRPF, con un aumento en su volumen de casi el 21% que se traduce en una cifra total de 62.565 millones, de los que 55.541 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado.
Se da la circunstancia de que los ingresos por este gravamen han crecido en un año marcado por las rebajas fiscales autonómicas, algo que se explica por el decalaje con el que funcionan los desembolsos que realiza el Estado a los territorios, y que se producen tras la liquidación definitiva del ejercicio en cuestión, dos años después.
En los impuestos también destaca, aunque por el motivo contrario, patrimonio, con unos ingresos de 1.364 millones, un 7% menos. Entre otras razones, esto se debe a los cambios normativos que efectuaron varias autonomías al fijar bonificaciones en la cuota del impuesto del 50% y del 100%.
Otro apartado relevante es el referente a los empleos no financieros, en el que destacan rúbricas como las transferencias recibidas por parte de otras administraciones públicas, que se sitúan en 126.186 millones (+3,3% anual). En este subgrupo, las más representativas son las recibidas por el Estado, que llegan a los 106.140 millones (+2,5%).
El aumento de los pagos recibidos por el sistema de financiación, que pasan de 80.306 a 88.835 millones de euros, explica esta evolución. De esta cantidad, 80.498 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2023 y otros 8.337 millones, a la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021 —excluido el IRPF—.
Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de las transferencias recibidas al margen del sistema, que bajan de los 23.225 a los 17.305 millones de euros de un ejercicio a otro.
Otros indicadores llamativos que influyen en la evolución del déficit son la remuneración de los asalariados, que presenta un crecimiento del 6% —hasta los 101.601 millones— debido fundamentalmente al incremento salarial del 3% para los funcionarios, y los intereses, que se disparan en más de un 70% hasta los 6.468 millones por la subida de tipos y por sus efectos en los préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
