La Ley de Costas valenciana: de la defensa de los poblados marineros a las reservas de los proteccionistas
El anteproyecto de la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana, promovida por el Partido Popular (PP), pretende "proteger el ecosistema litoral y la propiedad privada con sentido común y equilibrio", según declaró el presidente Carlos Mazón. Sin embargo, la propuesta ha generado dudas y recelos entre los grupos de la oposición, que la ven como una "excusa para continuar con el desarrollo urbanístico sin control".
El conflicto entre protección y edificación
La catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, Eulàlia Sanjaume, ha defendido la protección de las praderas de Posidonia, que considera "vitales para la conservación de la costa". Sin embargo, ha criticado la autorización del Consell para permitir el uso terciario (hoteles, por ejemplo) a 200 metros de la orilla del mar, ya que considera que "proteger espacios y edificar son aspectos completamente contrarios".
El experto en ordenación del territorio y riesgos naturales de la Universitat d'Alacant, Antonio Prieto, ha advertido del retroceso de la línea de costa y ha abogado por frenar su ocupación y trasladar algunas zonas ocupadas hacia el interior.
Los afectados por la Ley de Costas de 1988
Los afectados por la Ley de Costas de 1988 ven en esta nueva ley una posible solución a sus problemas. Inmaculada Yáñez, representante de la Asociación Virgen del Carmen de Nules, ha pedido a la Generalitat que declare las casitas del litoral como Bien de Relevancia Local (BRL) para evitar su expropiación.
Manuel López, representante de Som Mediterrània, una agrupación de 50 asociaciones afectadas por la Ley de 1988, ha criticado la desatención de las playas valencianas por parte del Gobierno español.
Una ley necesaria pero mejorable
Para Inmaculada Revuelta, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València, la nueva ley es "absolutamente necesaria y conveniente". Sin embargo, considera que es "claramente insatisfactoria" en cuanto a la compensación de los concesionarios de propiedades en primera línea de playa.
Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, ha propuesto un proceso de participación pública para decidir los usos del litoral. También ha insistido en que la ley debe respetar el nivel de protección establecido por el Plan Territorial del Litoral (Pativel), que será derogado.
Preocupación por el litoral
La geógrafa Ana Belén Ruescas ha alertado sobre la fragilidad y el dinamismo de la costa. Ha advertido que fragmentar la naturaleza con obras y construcciones "perpetúa los problemas".
José Francisco Ros, presidente de la Asociación en defensa de las playas norte de Dénia, ha pedido a la Generalitat que se implique en los proyectos de regeneración de las playas, ya que el litoral es vital para la economía del turismo y la pesca.
La geógrafa Maria Josep Ripoll, concejal de Urbanismo de Dénia, ha denunciado que el Pativel no tendrá continuidad en la nueva ley. Ha afirmado que "el modelo que se plantea ahora es más hormigón en nuestras playas".
