Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por incumplir la directiva de contratación pública
La Comisión Europea considera que la normativa española se "aparta notablemente" de la europea en cuanto a "los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos"
La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva de contratación pública. El Ejecutivo comunitario considera que la normativa española se "aparta notablemente" de la europea en cuanto a "los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos".
Esta denuncia es el último paso de un largo proceso que comenzó hace tres años, cuando la Comisión abrió un expediente de infracción a España. A la primera respuesta española, le siguió una opinión razonada desde Bruselas apuntando por qué se considera que no se ha traspuesto correctamente la directiva de contratación pública.
Sin embargo, hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones que impone la legislación de la UE.
"Los esfuerzos hechos hasta ahora por las autoridades españolas han sido insuficientes", apunta la Comisión.
La directiva de contratación pública es una norma europea que establece las condiciones para la contratación pública en toda la UE. El objetivo de esta directiva es garantizar la igualdad de oportunidades para todas las empresas y evitar la distorsión de la competencia.
La Comisión considera que la normativa española no cumple con estos requisitos en varios aspectos.
- En primer lugar, la Comisión considera que la normativa española no define correctamente los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben ajustarse a la legislación de contratación pública.
- En segundo lugar, la Comisión considera que la normativa española no garantiza la transparencia y la competencia en los procedimientos de contratación pública.
- En tercer lugar, la Comisión considera que la normativa española no prevé los recursos efectivos para garantizar el cumplimiento de la legislación de contratación pública.
La denuncia de la Comisión es un paso más en el proceso de infracción. Si el TJUE da la razón a la Comisión, España podría enfrentarse a una multa.
Además de la denuncia por la inadecuada transposición de la directiva de contratación pública, la Comisión también ha enviado una carta de emplazamiento a España por considerar que no cumple con los requisitos de etiquetado para la separación de residuos, pues considera que no respetan el principio de libre circulación de mercancías.
Aunque todavía no hay normas comunes sobre este asunto, el nuevo reglamento sobre envases y residuos de envases está a punto de ser aprobado e incluye disposiciones para avanzar hacia la armonización.
"Hasta que se establezcan estos requisitos a nivel de la UE, las leyes nacionales no deberían crear una carga innecesaria para el comercio intracomunitario. Los requisitos nacionales de etiquetado pueden suponer un importante obstáculo para el mercado único y socavar gravemente el principio de libre circulación de mercancías", argumenta el Ejecutivo comunitario.
La Comisión también considera que las reglas españolas de adjudicación y prórroga de concesiones para construir locales en las costas viola las directivas comunitarias, por lo que enviará otro dictamen motivado.
Asimismo, abrirá un procedimiento de infracción a España por no haber designado aún a las autoridades competentes que garanticen el cumplimiento del reglamento SEPA en operaciones bancarias transfronterizas, y otro por no cumplir las normas europeas sobre cualificaciones profesionales, unas reglas que permiten a los trabajadores operar de forma temporal en los distintos países europeos.
En este último caso, el incumplimiento es generalizado: hasta 22 Estados recibirán una carta de emplazamiento, entre ellos Dinamarca, Alemania, Irlanda y Países Bajos, pues imponen unos "controles previos de forma injustificada para varias profesiones".
Otro campo en el que la Comisión Europea ve incumplimiento por parte de ocho países es en la aplicación de la directiva que impone normas comunes en la aplicación de peajes y viñetas.
La Comisión ha dado un ultimátum a España por no haber trasladado en plazo a su legislación nacional la reforma de las normas sobre el pago de peajes y viñetas, una revisión que desde marzo de este año los países deberían haber aplicado también al marco para turismos, autobuses, autocares y vehículos pesados pequeños.
El Ejecutivo comunitario da un nuevo plazo de dos meses a España para responder al requerimiento y "resolver las deficiencias" o, de lo contrario, el Ejecutivo comunitario podrá dar el paso de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Directiva del eurodistintivo establece normas comunes sobre la imposición de tasas basadas en la distancia (peajes) y en el tiempo (viñetas) para que los países puedan recuperar los costes de la infraestructura, desde la construcción de la carretera hasta su explotación y mantenimiento.
En 2022 se acordó una modificación para incluir en el ámbito de aplicación a turismos, autobuses, autocares y vehículos pesados pequeños que debía haber sido trasladada a las legislaciones nacionales en marzo de este año a más tardar, pero que ni España ni otros siete Estados miembro ―que también han sido apercibidos― han cumplido.
La nueva normativa también exige a los Estados miembro incluir los costes medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarificación para establecer cargos en función de las emisiones de CO₂ de un vehículo, con el fin de reducir las emisiones y fomentar el uso de vehículos pesados más limpios.
Enviará por ello una misiva a España, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal, que no han comunicado sus medidas de transposición.
España y Portugal también recibirán un dictamen motivado por no haber notificado a la Comisión las normas sobre sanciones en caso de infracción del reglamento que establece un producto paneuropeo de pensiones individuales, un plan de pensiones individual voluntario de ahorro para la jubilación.
