Los parados deberán declarar la renta a partir de 2024, lo que supondrá una subida de impuestos para muchos de ellos

El Gobierno obligará a los parados a declarar la renta a partir del próximo año, lo que supondrá una subida de impuestos para muchos de ellos. El cambio normativo, que entrará en vigor en 2024, ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo y tiene como objetivo garantizar el buen uso de los fondos públicos y obtener más información sobre las capas más bajas de ingresos.

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Requisitos para presentar la declaración de la renta

Hasta ahora, los parados no estaban obligados a declarar la renta si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales o si no tenían más de dos pagadores. Sin embargo, con la nueva normativa, todos los parados deberán presentar la declaración, independientemente de sus ingresos o del número de pagadores.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la suspensión de la prestación por desempleo, según establece el artículo 299 del decreto aprobado por el Gobierno.

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Consecuencias fiscales

Las consecuencias fiscales de la nueva normativa variarán en función del tipo de renta y del número de pagadores. En algunos casos, los parados tendrán que pagar impuestos por primera vez, mientras que en otros verán incrementada su cuota.

Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), los parados con ingresos de 16.000 euros anuales tendrán que pagar un máximo de 9,24 euros en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana obtendrán una devolución de 45,3 euros.

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Los parados con ingresos de 17.000 euros anuales tendrán que pagar entre 0,47 euros en la Comunidad Valenciana y 93,6 euros en Cataluña.

Y los parados con ingresos de 18.000 euros anuales tendrán que pagar entre 34,6 euros en Madrid y 178,2 euros en Cataluña.

Críticas a la medida

La nueva normativa ha sido criticada por algunos expertos, que consideran que supondrá un aumento de la burocracia y una carga fiscal adicional para los parados.

También han criticado que la medida no esté acompañada de un refuerzo de los servicios de atención al ciudadano de la Agencia Tributaria, lo que podría provocar que muchos parados no puedan cumplir con su obligación de presentar la declaración.

Ante las críticas, el Ministerio de Trabajo ha defendido la medida, asegurando que tiene como objetivo garantizar el buen uso de los fondos públicos y obtener más información sobre las capas más bajas de ingresos.

"La aportación de la declaración de la renta permite comprobar que se cumplen los requisitos previstos legalmente para tener derecho a las prestaciones por desempleo y, por tanto, contribuye a garantizar el buen uso de los fondos públicos", ha explicado un portavoz del Ministerio de Trabajo.