El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, se encuentra actualmente gestionando un legado financiero complicado, marcado por decisiones y políticas implementadas por administraciones anteriores. Según un artículo publicado por Juan José Mateo en El País (Mateo, 2025), la administración actual está haciendo frente a pagos millonarios derivados de «fiascos» de las gestiones de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el del 'céntimo sanitario', un impuesto aplicado a la gasolina y el gasóleo durante la administración de Alberto Ruiz-Gallardón en 2002, con el objetivo de financiar el Plan de Calidad Sanitaria. A pesar de que Esperanza Aguirre lo congeló un año después, el impuesto continuó cobrándose. La justicia europea determinó que este impuesto era ilegal y obligó al Estado a devolver lo recaudado. En este contexto, el Consorcio Regional de Transportes reclamó el dinero a las líneas de autobuses concesionarias, argumentando un enriquecimiento injusto. Ahora, el gobierno de Ayuso ha tenido que pagar 1.378.789,76 euros tras perder el litigio, según la documentación consultada por El País.
Un portavoz gubernamental ha señalado que esta es la tercera y última sentencia sobre el tema del céntimo sanitario, habiendo pagado previamente cantidades menores a Prisei (66.000 euros) y Cevesa (199.000 euros). Estos pagos, aunque significativos, son solo la punta del iceberg de una serie de gastos que el actual ejecutivo está enfrentando debido a decisiones tomadas en el pasado.
Desde que el Partido Popular llegó al poder en la Comunidad de Madrid en 1995, la región ha experimentado una transformación considerable, con la expansión del Metro, la construcción de nuevos hospitales y un aumento de la población. Sin embargo, este crecimiento ha estado acompañado de una burbuja inmobiliaria y tramas de corrupción, como la Gürtel, la Púnica y la Lezo. Estas situaciones han generado malas decisiones que ahora están costando a la administración actual en áreas como vivienda pública, infraestructuras y políticas sanitarias y educativas.
«Si algo caracteriza a la política del PP en Madrid en materia de infraestructuras es el despilfarro, las chapuzas, los sobrecostes, los litigios y la pérdida de recursos para los madrileños», afirma Daniel Rubio, del PSOE (Mateo, 2025).
En el ámbito educativo, el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, liderado por Díaz Ayuso, acordó en enero de 2020 pagar 99,5 millones de euros entre 2020 y 2024 a las universidades públicas madrileñas. Este pago buscaba compensar los recortes decididos por Aguirre en el plan de inversiones para el periodo 2007-2011. La Comunidad de Madrid perdió una batalla jurídica con las universidades, con un desembolso total de 574 millones de euros.
En 2021, el ejecutivo regional tuvo que pagar casi 200 millones de euros por una línea de tren abandonada que debía unir Móstoles con Navalcarnero. El proyecto se abandonó debido a cambios en el trazado y se investigó en el caso Lezo por presuntos pagos de comisiones. Además, se pagaron más de 70 millones de euros por la MP-203, una carretera que carece de conexión con la radial 3, esencial para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares.
El caso de la línea 7B de Metro es particularmente dramático. Construida durante la administración de Aguirre, la infraestructura se está hundiendo, arrastrando consigo edificios y provocando el derribo de viviendas. El gobierno actual ha invertido un centenar de millones en indemnizaciones y obras de reparación.
A finales de 2021, el gobierno de Díaz Ayuso oficializó el pago de casi 30 millones de euros a la adjudicataria del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, debido a una decisión de Aguirre de transformar habitaciones dobles en individuales, a pesar de que el servicio no se prestó. Además, a finales de 2022, se saldaron 1.390 millones de euros de deuda con hospitales públicos de gestión privada, originada en decisiones tomadas desde 2015.
En mayo de 2022, la Comunidad de Madrid indemnizó con 107.722.508,95 euros al fondo Encasa Cibeles por la reincorporación de 1.721 viviendas que habían sido vendidas en 2013 a una entidad controlada por Goldman Sachs. Esta venta dejó a familias vulnerables en manos de una empresa privada, generando conflictos por alzas de alquileres y desahucios. Encasa Cibeles reclama adicionalmente 220 millones de euros en los tribunales.
La administración de Isabel Díaz Ayuso se encuentra en una posición delicada, gestionando un legado financiero complejo y costoso, producto de decisiones tomadas por sus predecesores. Los pagos millonarios en educación, infraestructuras, salud y vivienda son una clara muestra de los desafíos que enfrenta la Comunidad de Madrid para corregir errores del pasado y asegurar un futuro financiero más estable.
