El escudo social del Gobierno se salva con medidas para pensiones, transporte y ayudas tras desastres
El Gobierno ha salvado este martes el llamado escudo social, que incluye medidas de calado como la revalorización de las pensiones o las ayudas para el transporte público. Esto ha sido posible gracias a un acuerdo con Junts per Catalunya, que también incluye la tramitación de una iniciativa legislativa para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una moción de confianza.
El Consejo de Ministros ha aprobado los decretos necesarios para recuperar las bonificaciones al transporte público, que habían sido aprobadas en 2022 para hacer frente a la inflación. Estas bonificaciones incluyen la subvención del 30% en los abonos multiviaje, el descuento del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano y la gratuidad de los trenes de media distancia. Con estos decretos, que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los abonos de Cercanía volverán a ser gratuitos.
Otra de las medidas clave es la revalorización de las pensiones del 2,8%, en línea con la subida del IPC. Esta medida había generado fricciones en el debate parlamentario, pero finalmente ha sido aprobada gracias al acuerdo con Junts. Los casi 12 millones de pensionistas recibirán íntegra su nómina durante todo el año.
El decreto ómnibus también recogía la ampliación de los préstamos a los afectados por la dana que causó 227 fallecidos el pasado octubre y aumentaba las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias. Además, permitía que el Gobierno valenciano pudiera formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para ejecutar los planes de reconstrucción necesarios. Del mismo modo, el decreto preveía la prórroga de las medidas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción de un volcán en 2021.
La reforma incluía también la prórroga, hasta el 31 de diciembre de este año, de las ayudas para el agua y la energía, así como el bono social para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. Además, debido a la “insuficiencia de oferta asequible de vivienda”, también recoge la suspensión de los desahucios para las familias “en situaciones de vulnerabilidad”.
El Consejo de Ministros ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 la “suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España”, más conocida como escudo antiopas. Esta potestad, que tienen varios países de la Unión Europea por recomendación de Bruselas, se aplica a posibles compras por partes de países extranjeros de activos de sectores que sean considerados “estratégicos” ante “posibles riesgos de seguridad u orden público”.
¿Qué medidas quedan fuera del escudo social?
El decreto que aprueba el Gobierno excluye las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a la banca, las subvenciones para el coche eléctrico o los anticipos a cuenta por la financiación autonómica que se entrega a las comunidades, y que están sujetas a la negociación de la senda de déficit, los Presupuestos y la financiación singular para Cataluña. Tampoco se incluye, según los independentistas, una modificación de la ley de la Sociedad de la Información que, a su juicio, invadía competencias autonómicas.
En resumen, el Gobierno ha salvado el escudo social con medidas para pensiones, transporte y ayudas tras desastres, pero quedan fuera algunas medidas importantes que seguirán siendo negociadas con los grupos parlamentarios.
