Los diputados avalan las leyes para seleccionar jueces por voto popular
En una histórica sesión, los representantes de la Cámara de Diputados en México aprobaron con una abrumadora mayoría las leyes secundarias que regularán la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
El dictamen, que contó con 342 votos a favor y 128 en contra, reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para establecer los mecanismos de selección y designación de los encargados de impartir justicia.
Críticas y apoyo a la reforma
La oposición criticó duramente la reforma, argumentando que buscaba controlar políticamente al Poder Judicial y socavar la independencia de los jueces. El diputado César Israel Damián Retes, del PAN, acusó al gobierno de "venganza política" y advirtió que la medida "sometería y haría desaparecer la división de Poderes".
En contraste, los legisladores de Morena defendieron la reforma como un paso necesario para fortalecer el Estado de derecho y acabar con la corrupción en el sistema judicial. La diputada Elena Edith Segura Trejo aseguró que la medida busca "construir un Poder Judicial honesto, transparente, eficiente y eficaz".
Proceso de selección
De acuerdo con las nuevas leyes, los jueces y magistrados serán elegidos mediante un proceso de votación popular, en el que los ciudadanos podrán votar directamente por los candidatos que consideren más calificados e idóneos.
Para participar en el proceso, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener una trayectoria intachable, experiencia en el ámbito jurídico y demostrar su compromiso con la independencia y la imparcialidad.
Las elecciones se llevarán a cabo en una sola jornada, y los candidatos que obtengan la mayoría de los votos serán designados para ocupar los cargos judiciales.
Retos y expectativas
La implementación de la elección popular de jueces enfrenta varios retos, entre ellos la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso, así como la formación y capacitación de los ciudadanos para que puedan emitir un voto informado.
Sin embargo, las expectativas son altas, ya que se espera que la reforma mejore la calidad de la justicia, reduzca la corrupción y fortalezca la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
