Nuevo revés para España en el conflicto internacional por los impagos a los inversores renovables.
¿Por qué es noticia?
La justicia belga ha vuelto a asestar un nuevo golpe a España en su litigio con los inversores en energías renovables, al autorizar el embargo de los pagos que la organización Eurocontrol realiza a Enaire por la gestión del tráfico aéreo. Esta decisión se suma a las medidas cautelares que ya habían dictado los tribunales británicos, como el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres.
Contexto:
El conflicto entre España y los inversores en renovables se remonta a mediados de la década de 2000, cuando el Gobierno español introdujo una serie de incentivos para atraer inversiones en este sector. Sin embargo, tras la crisis económica de 2008, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a estos inversores. En respuesta, las empresas afectadas iniciaron una serie de arbitrajes internacionales contra España, alegando que el Estado había violado sus compromisos bajo varios tratados internacionales de inversión.
Novedades:
En el último revés para España, la justicia belga ha autorizado el embargo de los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire, la entidad encargada de la gestión del tráfico aéreo en España. La deuda acumulada por España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros, a los que se suman más de 4 millones de euros en intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros en concepto de condenas en costas por este mismo caso.
La decisión de la justicia belga se suma a las medidas cautelares que ya habían dictado los tribunales británicos, como el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña o el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
Reacciones:
El Gobierno de España ha anunciado que se opondrá a la decisión judicial belga, alegando que se ha dictado en un procedimiento en el que España no ha sido parte y que contraviene la normativa europea en materia de Ayudas de Estado. Además, el Gobierno asegura que no se les ha notificado dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral.
Por su parte, los inversores renovables aseguran que han identificado nuevos activos por valor de 5.000 millones de euros que podrían ser embargados por los laudos, pero prefieren negociar con el Estado español para llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Implicaciones:
Las últimas decisiones judiciales contra España en este conflicto internacional suponen un nuevo revés para el país, que podría verse obligado a hacer frente a pagos multimillonarios a los inversores afectados. Además, estos embargos podrían dañar la imagen de España como destino para la inversión extranjera.
Conclusión:
El conflicto entre España y los inversores renovables continúa sin resolverse, con nuevas decisiones judiciales que complican aún más la situación. El Gobierno español deberá negociar con los afectados para llegar a un acuerdo que permita poner fin a este litigio.
