Una Veintena de Organizaciones Presionan a Ayuso por Residencias Públicas
En un giro inesperado en la política social madrileña, una coalición de más de veinte organizaciones está intensificando la presión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El foco de su demanda: que las 40 residencias de mayores prometidas por el gobierno regional sean gestionadas íntegramente por el sector público. Este movimiento surge en medio de un debate sobre el modelo más adecuado para atender a la creciente población de personas mayores en la región, tal como informa Daniela Gutiérrez (El País, 2025).
El Anuncio de Ayuso y la Respuesta de la Sociedad Civil
En septiembre pasado, Ayuso anunció planes para construir estas residencias bajo un modelo público-privado antes de 2030, dependiendo de la cesión de terrenos por parte de los ayuntamientos. Sin embargo, esta propuesta no ha logrado el consenso esperado. «No vamos a negar que las plazas residenciales son necesarias, máximo en una comunidad como esta», declara Laura Muñoz, secretaria de políticas sociales de UGT Madrid, subrayando la urgencia de abordar el déficit de plazas. «Pero así no, así no, presidenta» (Muñoz, como se cita en El País, 2025). Las organizaciones argumentan que el modelo público-privado favorece a «grandes empresas, unos fondos de inversión que nada tienen que ver con el de los cuidados», según Muñoz, priorizando el beneficio económico sobre la calidad de la atención.
¿Qué hay detrás del Modelo Público-Privado?
El debate central se enfoca en la gestión y el control de los recursos destinados al cuidado de los mayores. Los defensores de la gestión pública directa argumentan que este modelo garantiza una mayor transparencia, rendición de cuentas y un enfoque centrado en el bienestar de los residentes. Temen que la participación de empresas privadas pueda derivar en recortes de personal, materiales y servicios, afectando negativamente la calidad de vida de los ancianos.
El Impacto Potencial en las Residencias
Con un presupuesto estimado de 500 millones de euros, el plan de Ayuso contempla la construcción de 30 residencias en la capital y 10 en otros municipios. Este proyecto busca añadir hasta 6,000 nuevas camas a las 52,000 ya existentes en la región. Sin embargo, las organizaciones expresan su preocupación por la falta de datos detallados y transparencia en el proceso de planificación. Critican la similitud con el Plan Velocidad de Esperanza Aguirre, donde empresas privadas obtuvieron derechos de construcción y gestión por 50 años.
Preocupaciones sobre el Tamaño de las Residencias
Otro punto de controversia es la capacidad de hasta 150 plazas por residencia, que supera el límite recomendado de 120 plazas en ciudades y 75 en zonas rurales, según el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales de 2022. «Se demostró en la pandemia que las residencias con mayor número de plazas fueron las que mayor porcentaje de mortalidad tuvieron», advierte José Ángel Gómez Chamorro, del PSOE de Madrid. Un estudio de Victoria Zunzunegui revela que la mortalidad en residencias de gestión indirecta fue significativamente mayor que en las de gestión pública durante la pandemia.
La Voz de los Afectados
María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7291 Verdad Y Justicia, quien perdió a su padre por la falta de atención en residencias durante la pandemia, enfatiza la necesidad de personal suficiente, materiales higiénicos y una buena alimentación. «Necesitamos residencias con personal [...] donde nosotras mismas ejercemos de inspectoras, de enfermeras, de animadoras socioculturales, de terapeutas, ejercemos de todo. Basta ya» (Valero, como se cita en El País, 2025). La falta de personal también impacta en las cuidadoras, quienes a menudo buscan mejores condiciones laborales en otros sectores.
Próximos Pasos y Demandas
Las organizaciones han convocado una concentración en la Puerta del Sol el 19 de marzo para exigir transparencia y un cambio de rumbo en el proyecto. Además, planean presentar mociones en los ayuntamientos para obtener respuestas claras sobre el modelo de gestión y la ubicación de las residencias. Piden la creación de una comisión técnica que elabore un estudio de viabilidad con participación ciudadana, buscando evitar la concentración de residencias en ciertas áreas, como ocurrió con el Plan Velocidad en 2002.
El Debate Continúa
La controversia en torno a las residencias de mayores en Madrid sigue escalando, con múltiples actores demandando transparencia y participación en las decisiones que afectarán el futuro de miles de personas mayores en la región. El resultado de este debate podría sentar un precedente importante para la gestión de servicios sociales en toda España.
