Paro docente en universidades nacionales
Crisis salarial y reclamo de aumentos
Los docentes y no docentes de las universidades nacionales iniciaron este lunes 12 de agosto un paro nacional de 72 horas en reclamo de mejoras salariales. La medida, que afecta a todas las universidades públicas del país, fue aprobada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) y cuenta con el apoyo de los rectores.
Oferta insuficiente del Gobierno
El Gobierno ofreció un aumento del 3% en agosto y del 2% en septiembre, lo que fue rechazado por los gremios, que exigen un aumento del 40% o al menos igualar a los estatales. Los docentes y no docentes denuncian que han perdido más del 50% de su salario este año devido a la inflación y a los magros aumentos otorgados por el Ministerio de Capital Humano que dirige Claudio Moroni.
Deterioro de las condiciones laborales
La crisis salarial ha deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, afectando el ejercicio de las tareas de docencia, investigación y extensión universitaria, funciones centrales de las universidades como principales responsables de promover, preservar y difundir socialmente el conocimiento, la cultura y la formación profesional en Argentina.
Reclamo de respuesta urgente
Los gremios universitarios solicitaron al Gobierno que responda con sensibilidad al reclamo salarial, tal como lo hizo luego de la marcha nacional universitaria del pasado abril. Advirtieron que, de no haber una solución satisfactoria, continuarán con las medidas de fuerza, incluyendo una nueva marcha federal para septiembre.
Apoyo de los rectores
Los rectores de las universidades nacionales apoyan el reclamo de los docentes y no docentes. Consideran que el presupuesto asignado a las universidades es insuficiente y que es necesario un aumento significativo para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Impacto en la educación superior
El paro docente en las universidades nacionales afecta a miles de estudiantes que se ven privados de sus clases y actividades académicas. La medida también puede tener un impacto negativo en la calidad de la educación superior, ya que los docentes y no docentes son los responsables de la formación de los futuros profesionales del país.