El gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios del transporte público en todo el país. Se trata de la eliminación de los subsidios a las empresas de colectivos del interior, generando un cambio significativo en la política de tarifas y subsidios del gobierno nacional.
En una polémica medida, el Ministerio de Economía anunció la reducción de subsidios para empresas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la eliminación total de los mismos en el resto del país. Esta decisión afectará a las compañías de micros y colectivos de jurisdicción nacional que operan en provincias, permitiéndoles establecer libremente las tarifas para sus servicios.
Según fuentes oficiales, las empresas de transporte ahora tienen la libertad de fijar los precios de los pasajes, basándose en el recorrido que ofrecen. Esta medida marca un cambio sustancial en el modelo de subsidios, eliminando el Fondo Compensador del Interior y canalizando los beneficios a través de descuentos del 55% para los usuarios registrados en la tarjeta SUBE.
Desafíos para las Provincias y Usuarios
La eliminación de los subsidios en el transporte público del interior del país presenta desafíos significativos para las provincias. Con la quita de fondos, los gobernadores se ven obligados a tomar decisiones cruciales: aumentar las tarifas de los colectivos o buscar alternativas para solventar sus propios subsidios.
La medida, que busca llegar directamente a los ciudadanos mediante la tarifa social, implica que los subsidios a los pasajeros se distribuirán a través de un descuento del 55% para los usuarios de la tarjeta SUBE registrada. Esta estrategia pretende evitar intermediarios gubernamentales provinciales y garantizar que los fondos beneficien directamente a quienes más lo necesitan.
Reacciones y Perspectivas Futuras
La eliminación de los subsidios a los colectivos ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos expertos sostienen que esta medida representa una forma de descentralizar y eficientizar el sistema, otros la ven como una carga adicional para los usuarios y las provincias.
Desde la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, se argumenta que estas decisiones son coherentes con el Pacto Fiscal firmado entre los Gobernadores Provinciales y el Gobierno Nacional en 2017 y 2018. Este pacto comprometía la progresiva eliminación de subsidios diferenciales en el transporte para el AMBA y otorgaba a las provincias la responsabilidad de definir compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público.
Con el congelamiento de tarifas eliminado en el AMBA, se espera que las líneas de jurisdicción nacional experimenten incrementos, aunque no se han confirmado montos específicos.
Impacto en el AMBA y el Interior
Para el AMBA, donde ya se había reducido previamente los subsidios, las tarifas se actualizarán mensualmente según la inflación oficial medida por el INDEC. Sin embargo, las líneas de jurisdicción nacional en el interior quedarán sujetas a las decisiones de los gobernadores provinciales.
En resumen, la eliminación de subsidios a los colectivos plantea un escenario desafiante para el transporte público en todo el país. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto real de estas medidas en los usuarios, las empresas de transporte y las finanzas provinciales.
