Incertidumbre sobre la reforma judicial en México genera cautela en inversionistas: UBS
El banco suizo UBS advierte sobre la incertidumbre que ha generado la aprobación de la reforma judicial y otros posibles cambios estructurales en México, lo que justifica una estrategia cautelosa en las inversiones en el país.
Reforma judicial debilita controles y contrapesos
UBS destaca que la reforma judicial aprobada debilita los controles y contrapesos en México, lo que podría afectar la confianza de los inversionistas. Sin embargo, el informe reconoce que el sistema judicial mexicano ya enfrentaba problemas relacionados con el Estado de derecho, como la impunidad y la corrupción.
Optimismo cauteloso en torno a Claudia Sheinbaum
Los inversionistas están atentos al discurso inaugural de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el 1 de octubre, esperando señales sobre la continuidad de las políticas actuales o un enfoque más favorable a las empresas.
Medidas adicionales necesarias para abordar preocupaciones
Si bien las leyes secundarias vinculadas a la reforma judicial podrían ayudar a distinguir la administración de Sheinbaum de la de Andrés Manuel López Obrador, UBS subraya que se necesitan medidas adicionales para abordar las preocupaciones de los inversionistas, especialmente sobre la estabilidad y el compromiso con las obligaciones comerciales internacionales.
Implicaciones económicas impredecibles
La incertidumbre política generada por la reforma judicial podría afectar la confianza de los inversionistas, aunque el impacto económico exacto es difícil de predecir. UBS reconoce que, a pesar de los problemas con el Estado de derecho, México mantiene ventajas geográficas, pero su ritmo de inversión podría verse afectado.
Costo de oportunidad para México
UBS enfatiza que la reforma judicial crea un costo de oportunidad significativo para México, ya que el país podría aprovechar las tendencias de nearshoring para atraer más inversión extranjera, especialmente dada su proximidad a los Estados Unidos.
El informe concluye que las inversiones en México seguirán fluyendo, pero no al ritmo que podrían alcanzar si el Estado de derecho fuera más sólido.