El precio de los alquileres en Cataluña se regula en 131 nuevos municipios
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la lista de municipios catalanes que se declaran como zonas de mercado residencial tensionado. Son 131 nuevas localidades que se añaden a las 140 que ya estaban reguladas, hasta un total de 271 municipios, donde reside el 90% de la población catalana.
¿Cómo funciona la regulación?
A partir del próximo jueves, en las nuevas zonas se aplicará el índice de precios de referencia, una base de datos pública de contratos de alquiler. Esto implica que para las viviendas de esos municipios que ya están alquiladas, si se debe renovar el contrato o firmar uno nuevo, la referencia de precio del nuevo contrato será el precio del anterior.
En el caso de viviendas que no estén alquiladas, la referencia será el índice. Los efectos de la regulación del precio del alquiler del pasado febrero ya se han hecho notar: ayudan a bajar las rentas de los inquilinos, pero desploman los nuevos contratos.
Datos del segundo trimestre de 2024
Según los datos del segundo trimestre de 2024, el primero en el que la regulación se aplicó en su totalidad, los precios de los alquileres cayeron un 5% en las zonas con las rentas topadas (y registraron un descenso del 0,6% en las que no las tienen limitadas). Por su parte, las firmas de nuevos contratos se desplomaron un 17,2% en los municipios limitados (mientras que subieron un 1,6% en las que no).
"Esta medida ayuda a bajar las rentas de los inquilinos, pero también frena la firma de nuevos contratos. Es importante encontrar un equilibrio entre ambas cosas", ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Juli Fernández.
La regulación del precio del alquiler es una medida controvertida. Sus defensores argumentan que es necesario para hacer frente a la especulación y garantizar el acceso a la vivienda asequible. Sus detractores sostienen que desalienta la inversión en vivienda de alquiler y reduce la oferta de viviendas en el mercado.
El Gobierno catalán ha defendido la regulación como una medida necesaria para proteger a los inquilinos de los abusos. El Ejecutivo ha anunciado que seguirá trabajando para ampliar la regulación a más municipios de Cataluña.
