La jubilación parcial anticipada para personal laboral del Estado se posterga hasta finales de año
La implementación de la nueva normativa que regula la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) está enfrentando demoras significativas. Según informaciones proporcionadas por el sindicato CSIF, la aplicación de esta regulación se pospondrá hasta el último trimestre de este año. Esta noticia ha generado incertidumbre y preocupación entre los empleados públicos que esperaban beneficiarse de esta modalidad de retiro.
¿Qué implica este retraso?
El principal obstáculo para la implementación de la jubilación parcial anticipada radica en la necesidad de contratar personal de relevo. La normativa vigente, que entró en vigor el 1 de abril, exige que las administraciones públicas contraten a un trabajador de relevo de forma indefinida y a tiempo completo para sustituir a cada empleado que se jubile parcialmente. Sin embargo, las actuales restricciones en las contrataciones del Estado dificultan enormemente el cumplimiento de esta obligación.
Raquel Pascual Cortés (2025), periodista de El País, destaca que la situación se complica aún más debido a la necesidad de aprobar una nueva oferta de empleo público y una tasa adicional destinada específicamente a la contratación de relevistas. Esta tasa adicional, según los responsables de Función Pública, no estará lista hasta finales de año, lo que imposibilita la implementación de la jubilación parcial anticipada antes de esa fecha.
El impacto en los empleados públicos
El retraso en la aplicación de esta normativa afecta directamente al personal laboral de las administraciones públicas que aspiraba a acceder a la jubilación parcial anticipada. Muchos empleados habían planificado sus finanzas y su futuro en base a la posibilidad de acceder a esta modalidad de retiro, por lo que este aplazamiento supone un duro golpe para sus expectativas.
Además, la incertidumbre sobre el sistema de incorporación de los relevistas genera aún más inquietud entre los empleados públicos. Desde CSIF, se ha insistido en la necesidad de que se concrete este aspecto para garantizar la correcta implementación de la jubilación parcial anticipada.
La postura de los sindicatos
Los sindicatos CSIF, CC OO y UGT están siguiendo de cerca la evolución de esta situación y han trasladado su preocupación a los responsables de Función Pública. Si bien existe un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT para extender esta modalidad de retiro a los funcionarios y demás empleados públicos, desde CSIF advierten que este derecho no se reconocerá hasta que se apruebe la Ley de Función Pública, que incluye una enmienda al respecto y se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.
¿Qué está haciendo el gobierno?
El Gobierno se encuentra actualmente trabajando en la aprobación de la nueva oferta pública de empleo, que se espera que esté lista entre junio y julio. Una vez aprobada esta oferta, se procederá a la aprobación de la tasa adicional destinada a la contratación de relevistas. Este proceso, según las previsiones, se completará a finales de año.
Según los responsables de Función Pública, la demora en la implementación de la jubilación parcial anticipada se debe a la complejidad de la situación y a la necesidad de garantizar la correcta aplicación de la normativa. Sin embargo, los sindicatos exigen celeridad en este proceso para evitar que los empleados públicos se vean perjudicados.
Próximos pasos
En los próximos meses, se espera que el Gobierno avance en la aprobación de la oferta pública de empleo y la tasa adicional para la contratación de relevistas. Asimismo, se deberán concretar los detalles del sistema de incorporación de los relevistas y aprobar la Ley de Función Pública, que permitirá extender la jubilación parcial anticipada a los funcionarios y demás empleados públicos.
La evolución de estos procesos será clave para determinar cuándo podrán acceder los empleados públicos a la jubilación parcial anticipada. Los sindicatos, por su parte, seguirán presionando al Gobierno para que se agilicen los trámites y se garantice el acceso a este derecho en el menor tiempo posible.
Consideraciones Finales
La demora en la aplicación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral del Estado, según CSIF (2025), refleja la complejidad de equilibrar las necesidades de los empleados públicos con las restricciones presupuestarias y las limitaciones en las contrataciones. Mientras se espera la aprobación de las medidas necesarias, la incertidumbre persiste entre aquellos que anhelan una transición gradual hacia el retiro.
