Unió de Pagesos, el 'lobby' más activo ante la Generalitat
El registro público de grupos de interés recoge, durante la pasada legislatura, 39.200 encuentros entre altos cargos y 7.200 entidades.
Los encuentros entre 'lobbies' y la Generalitat
La situación del campo catalán fue una de las carpetas más espinosas del anterior Govern: a los problemas estructurales —como la aplicación de directivas comunitarias y la sensación de olvido— se sumó la sequía. La escalada en el conflicto la ilustró una Barcelona bloqueada por los 4.000 tractores de Revolta Pagesa, un movimiento asambleario que enmendó el papel histórico de la representación agraria.
Pero Unió de Pagesos, junto con Federació de Cooperatives Agrarias y Joves Agricultors i Ramaders fueron los 'lobbies' más activos durante los casi 39 meses que Esquerra Republicana pilotó el Palau de la Generalitat, según el registro de grupos de interés de la Generalitat.
La información consultada en ese instrumento de transparencia sobre la acción política recoge datos de 39.200 encuentros sostenidos con altos cargos y solicitados por 7.200 entidades diferentes.
Las tres agrícolas de más peso suman 1.503, es decir, el ritmo fue de casi una reunión por día.
Pese a las abultadas cifras, el análisis de los datos entre marzo de 2021 y junio pasado muestra que el 43% de esas organizaciones solo ha pedido contactar de manera puntual. Si se mira a las que han tenido más de 50 encuentros, la lista se reduce a 83 'lobbies'. Y a solo 18, con el Fútbol Club Barcelona (103) como la última de ese bloque, si se pone la lupa en el rango de más de un centenar.
Tras el triunvirato del sector agrícola (lidera en números absolutos Unió de Pagesos con 628), están Creu Roja (203), PIMEC (196), la Asociación Catalana de Municipios (155), la Mesa del Tercer Sector (145) y la patronal del tercer sector, La Confederación (145).
Las entidades vinculadas a la pagesía acapararon el 11% del total de contactos registrados, con una marcada distancia entre las de representación oficial y otras como la Associació de Dones del Món Rural (44 contactos) o las 21 de la Acatcot, que agrupa a las comunidades de regantes.
El sector de la acción social representa el 10% del total, seguidas del empresarial (9%) y de otras Administraciones como Ayuntamientos o entes supramunicipales (8%).
El predominio del sector agrario queda de manifiesto también si el foco se pone en cuáles son los departamentos y altos cargos que acumulan más encuentros registrados en sus agendas. Con un total de 1.236 visitas, la secretaria de Agricultura, Elisenda Guillaumes, fue la que más encuentros tuvo hasta mayo, la fecha final consultada pese a que el cambio de Govern fue en agosto.
Los dos consejeros que ocuparon la cartera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural le siguen en la lista. La agenda de Teresa Jordà consigna 996 reuniones y su predecesor, David Mascort, 961 en ese cargo más 127 cuando fue el número dos de la consejería. El entonces presidente Pere Aragonès va de siguiente en la clasificación (836), aunque con una agenda mucho más variada: fue Òmnium Cultural fue el grupo de interés con que más contacto tuvo (17) y después le sigue Fira de Barcelona (10) y Pimec (9).
Pionero en el Estado, el registro forma parte de los instrumentos de la ley de transparencia de la Generalitat de 2014.
Se obliga a registrarse en un fichero especializado a las personas u organizaciones que, a título propio o de otros, realicen actividades “susceptibles” de influir en la elaboración de normas o en la ejecución de políticas públicas. Las agendas de los cargos públicos también han de ser públicas y en ellas han de identificar al 'lobby' en cuestión, bien sea porque éste pida una reunión o se trate de una convocatoria oficial. También ha de figurar el contenido del encuentro.
A Andreu Ferrer, coordinador técnico de Unió de Pagesos, no le sorprende demasiado la configuración de la lista. Explica que el funcionamiento ordinario de la Administración de por sí ya implica para el sindicato agrario estar en contacto permanente con el departamento, no solo mediante los foros de concertación sectoriales sino también en los mecanismos de consulta sobre desarrollos normativos. Y allí habría que añadir las reuniones a petición propia para abordar temáticas específicas.
La última legislatura, acepta Ferrer, estuvo marcada por la sequía y los cambios en algunas de las ayudas europeas. Eso implicó, agrega, un trabajo adicional de interlocución con la Administración. Y que, al final, el sector primario optara a principios de este año por ir a la huelga le parece normal y cree que no tiene que ver con la efectividad de su labor. “Una buena interlocución no significa que si la discrepancia es muy grande no se recurra a salir a la calle”, defiende. Un vistazo a la manera uniforme como se reparten las reuniones entre las tres entidades mayoritarias del mundo rural y la Administración durante todo el mandato le dan la razón. Sí hubo picos claros, como las 89 de febrero, en plena huelga.
“El registro es una herramienta que permite un mayor rendición de cuentas”, explica Irene Araguàs, profesora de derecho administrativo de la Universitat de Barcelona , que recuerda la falta de una ley estatal sobre el tema.
Sí que otras comunidades como Castilla La Mancha o Madrid tienen sus propios mecanismos. La también coautora , junto con el jurista Joan Ridao, del libro Los 'lobbies': presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España (Marcial Pons) pone como el próximo reto avanzar en la “trazabilidad” de una posible incidencia de estos grupos. El número de encuentros por sí solo no significa nada. “Se ha de avanzar en poder vincular la actividad del 'lobby' con su efecto en la acción política. Por ejemplo, si en una reunión se propuso un cambio específico legal y si eso tuvo recorrido”, explica Araguàs.
En el registro es posible ver el motivo de cada una de las reuniones. La consignada, por ejemplo, para la que tuvo lugar el 31 de octubre de 2023 entre el director de Agenda Rural, Oriol Anson, y Unió de Pagesos fue “recogida de animales muertos”. Hay otros cargos que incluyen las entrevistas con revistas o hasta la asistencia a entrega de premios. Para Araguàs se trata de un ejemplo de otro de los problemas a los que se enfrenta el mecanismo, además de la falta de trazabilidad de la influencia. “Falta cultura organizacional en la Administración para dar más información útil y diferenciar las situaciones de contacto donde sí hay que tener registro”, explica.
También está sobre la mesa el desarrollo del régimen sancionador para quien, por ejemplo, se reúna sin estar inscrito. La profesora cree que el concepto académico de 'lobby' todavía genera resistencias a la hora de especificar que se busca incidir en la acción política e invita a normalizar su utilización.
