Luis Pérez, alias "Alvise", intenta evadir la responsabilidad por financiación ilegal de su campaña

Luis Pérez, conocido como "Alvise", líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), enfrenta acusaciones de la Fiscalía por recibir 100.000 euros en financiación ilegal para su campaña electoral. En un intento por minimizar la gravedad de las acusaciones, Alvise pretende calificar el delito como una mera irregularidad fiscal.

Una estructura opaca para ocultar la financiación

Las investigaciones revelan que Alvise y Álvaro Romillo, experto en criptomonedas, crearon una estructura opaca para recibir fondos para la campaña sin dejar rastro. Alvise solicitó específicamente "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas".

Mensajes incriminatorios

Los intercambios de mensajes entre Alvise y Romillo a través de la aplicación Signal, presentados por este último junto con su denuncia, implican a Alvise en el montaje de esta estructura.

Delito de financiación ilegal de partidos políticos

El artículo 304 ter del Código Penal español castiga con penas de prisión de uno a cinco años a quienes participen en estructuras u organizaciones dedicadas a financiar partidos políticos al margen de la ley. Los indicios apuntan a que Alvise podría haber incurrido en este delito.

Alvise se defiende y acusa

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Alvise reconoce implícitamente haber recibido los 100.000 euros, pero intenta presentarlos como el pago de un servicio prestado al empresario Romillo. Además, acusa a Romillo de haber pactado con la Fiscalía para evitar la prisión preventiva a cambio de incriminarlo.

"El supuesto estafador Álvaro Romillo (CriptoSpain) habría pactado que Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude a cambio de acusar a Alvise de darle 100.000€ para 'ayudarle a financiar su campaña electora' bloqueada por los bancos."

El peso de las pruebas

Pese a los intentos de Alvise por desvirtuar las acusaciones, las pruebas reunidas por la Fiscalía, como los mensajes incriminatorios y la documentación de la estructura financiera, apuntan a su implicación en un delito grave. El Tribunal Supremo, competente para juzgarlo por su condición de eurodiputado, deberá determinar su responsabilidad.

Autor: Miguel González, "El País"