Procesan a responsables de la campaña de Cambiemos por aportantes truchos
El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a cuatro dirigentes de Cambiemos en el marco de la causa de aportantes truchos, a quienes investiga por ocultar ilegítimamente el origen de los fondos que financiaron las campañas electorales de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Los procesados
Los procesados son: Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin (responsables financieros de Cambiemos) y Mauricio Redigonda (apoderado).
Las acusaciones
Las carátulas para los responsables financieros de Cambiemos son: "falsedad ideológica de documento público" y "omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña", mientras que para el apoderado es de "coautor de la falsedad ideológica" y "partícipe necesario" del segundo delito.
La investigación judicial identificó al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes. De esa cifra, 55 fueron rubricados por Julián Vilche por un total de $554.500 (unos u$s 35.000 de la época); otros 96 por Alfredo Irigoin por $527.500 (u$s 33.000); 84 fueron firmados por Carla Chabán por $442.250 (u$s 27.650); y 81 fueron avalados por Mauricio Redigonda (u$s 27.450).
La mayor parte de ese dinero fue canalizado en efectivo, lo que complejizó el seguimiento del dinero. A su vez, muchos de los aportes falsos fueron atribuidos a personas beneficiarias de planes sociales o personas con discapacidad.
El fallo
El juez Ramos Padilla consideró que los cuatro miembros de Cambiemos cometieron "diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña".
El magistrado también rechazó el pedido de excepción por falta de acción solicitada por los acusados, que pretendían evitar el inicio de la causa penal hasta que no se formalizara el "proceso de naturaleza electoral".
Ramos Padilla consideró que habilitar el pedido de excepción de los acusados representaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales.
"Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado", señaló el fallo.
El juez también consideró que el ocultamiento del origen de los fondos "implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas […] o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley".
