La Cámara de Diputados aprueba la reforma de la Guardia Nacional
El pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la reforma de la Constitución que amplía las facultades de la Guardia Nacional, adscribiéndola plenamente al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que se encargue de la seguridad pública del país.
Investigaciones penales
Según la reforma, las investigaciones penales seguirán estando en manos del Ministerio Público, pero también se atribuyen competencias en esta materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial.
Coordinación y colaboración
La reforma establece que la Guardia Nacional deberá coordinarse y colaborar con los estados y municipios, así como salvaguardar los bienes de la Federación. También define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, que dependerá de la Sedena para ejecutar la estrategia de seguridad nacional pública.
Reacciones
La reforma ha generado reacciones encontradas. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha asegurado que con la reforma habrá menos violencia e inseguridad en el país. Por su parte, la oposición ha criticado la militarización del país y ha pedido que se dé prioridad al paradigma civil en materia de seguridad pública.
Organizaciones humanitarias
Varias organizaciones humanitarias locales han cuestionado la reforma, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha expresado su preocupación por la falta de controles civiles externos a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública.
"Esta reforma será un paso sin retorno hacia la militarización del país. Es preocupante que no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos."
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también ha instado al Congreso a no aprobar la reforma y ha solicitado que se reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en materia de seguridad pública.
La reforma aún debe ser aprobada por el Senado antes de entrar en vigor.