El Gobierno endurece las políticas contra las protestas: se avecina un nuevo delito
En un contexto de creciente tensión social, el Gobierno argentino está avanzando con una reforma del Código Penal que busca tipificar el delito de «atentado contra la seguridad pública». La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, llega en un momento de alta conflictividad, marcado por recientes manifestaciones y operativos de seguridad que han dejado un saldo de heridos y detenidos. La propuesta legislativa está generando un intenso debate sobre los límites de la protesta social y el rol del Estado en la protección del orden público.
Según declaraciones del ministro Cúneo Libarona, esta reforma busca «terminar con la impunidad de los violentos que usan las manifestaciones como excusa para agredir a las fuerzas de seguridad y destruir propiedad pública y privada». El funcionario asegura que los gobiernos anteriores permitieron que estas acciones quedaran impunes, afectando la libre circulación y el derecho al trabajo y estudio de los ciudadanos.
¿En qué consiste el nuevo delito?
El artículo 208 del proyecto de reforma establece penas de prisión de dos a cinco años y multas para quienes, en el marco de una manifestación, arrojen objetos contundentes, agredan a personas o dañen bienes. La misma pena se aplicaría a quienes impidan el ingreso o egreso a establecimientos públicos, productivos, educativos, deportivos o de salud. La norma también contempla un agravante para aquellos que dirijan sus agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad, elevando la pena de prisión a entre tres y seis años.
De acuerdo con ámbito.com, la medida ha sido anunciada a horas de una nueva edición de la marcha de jubilados, quienes exigen una mejor remuneración ante los casi $280.000 que percibe casi el 70% de los pensionados (ambito.com, 2024).
Fuerte operativo de seguridad en el Congreso
Mientras se debate la reforma, las fuerzas de seguridad se están preparando para contener nuevas manifestaciones. En la reciente marcha de jubilados, se desplegaron más de 2.000 efectivos en la zona del Congreso, incluyendo personal de la Policía de la Ciudad, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El área fue vallada y el tránsito interrumpido para evitar incidentes.
El operativo de seguridad implementado por Patricia Bullrich, según informa ámbito.com, busca garantizar que las protestas se desarrollen de manera pacífica y evitar los actos de violencia que se registraron en manifestaciones anteriores (ambito.com, 2024).
El Gobierno también lanzó una campaña de concientización en estaciones de tren, con el lema «La protesta no es violencia». El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió un video en redes sociales en el que se ve este mensaje en las pantallas de las estaciones, acompañado de una advertencia sobre la represión de cualquier atentado contra la República.
Reacciones y controversias
La iniciativa del Gobierno está generando diversas reacciones en la sociedad. Mientras algunos sectores celebran la medida como una forma de proteger a las fuerzas de seguridad y garantizar el orden público, otros la critican por considerarla un intento de criminalizar la protesta social y limitar el derecho a la libre expresión.
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición han expresado su preocupación por el posible impacto de la reforma en las libertades civiles y advierten sobre el riesgo de que se utilice para reprimir manifestaciones legítimas. En este sentido, exigen al Gobierno que garantice el respeto a los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.
Contexto político y social
La propuesta de reforma del Código Penal se inscribe en un contexto de ajuste económico y alta inflación, que ha generado un aumento de la conflictividad social. Las manifestaciones y protestas se han multiplicado en los últimos meses, en reclamo por mejores salarios, jubilaciones y políticas sociales.
El Gobierno, por su parte, sostiene que es necesario poner límites a la violencia y el vandalismo durante las manifestaciones, y acusa a sectores de la oposición de promover la desestabilización y el caos. En este sentido, defiende la reforma como una herramienta para garantizar el orden público y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
La discusión sobre la reforma del Código Penal y la regulación de la protesta social se presenta como un desafío clave para el Gobierno argentino, que deberá encontrar un equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a los derechos fundamentales.
