El gobierno argentino modifica la condición de refugiados tras el pedido de Brasil por los bolsonaristas exiliados
El gobierno de Javier Milei ha modificado la normativa sobre el reconocimiento de refugiados en Argentina tras el pedido de Brasil para extraditar a 63 imputados por los atentados a los tres poderes durante la asunción de Lula da Silva.
Cambios en la normativa
El nuevo decreto establece que "no se reconocerá como refugiado a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, actos contrarios a la ONU o incitación y participación en delitos".
Además, tampoco serán considerados refugiados aquellos que "afecten a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas" o "al patrimonio". Tampoco podrán acceder a esta condición aquellas personas "relacionadas con actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas" o que se encuentren vinculadas con la "incitación y participación en delitos".
Pedido de extradición de Brasil
El gobierno de Brasil solicitó la extradición de 63 refugiados de la oposición brasilera, que se encuentran en Buenos Aires, imputados por su participación en los atentados a los tres poderes durante la asunción de Lula da Silva.
La orden fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, y fue recibida el pasado jueves por la Cancillería argentina, que analiza el escrito y evalúa los pasos a seguir.
Implicaciones para los refugiados
Los cambios en la normativa sobre refugiados podrían afectar a los 63 imputados por Brasil, que podrían perder su condición de refugiados y ser extraditados a su país de origen.
Además, las nuevas medidas podrían dificultar que otras personas que huyen de la persecución en sus países de origen obtengan protección como refugiados en Argentina.
Reacciones
Las organizaciones de derechos humanos han criticado las nuevas medidas, argumentando que podrían violar las obligaciones internacionales de Argentina en materia de protección de refugiados.
Por su parte, el gobierno argentino ha defendido las medidas, argumentando que son necesarias para proteger la seguridad nacional y prevenir el terrorismo.