Cancillería de Colombia se pronuncia sobre asedio a embajada de Argentina en Venezuela

La Cancillería de Colombia se ha pronunciado sobre el asedio a la embajada de Argentina en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado en el que condena el asedio y pide el respeto de los derechos humanos.

"Colombia rechaza cualquier acción que vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. El asedio a la embajada de Argentina en Venezuela es inaceptable y debe cesar de inmediato", reza el comunicado.

El asedio a la embajada de Argentina en Venezuela comenzó el pasado 23 de enero. Un grupo de colectivos chavistas se apostó frente a la sede diplomática para impedir la salida del embajador argentino, Alfredo Culasso.

El gobierno argentino ha denunciado el asedio como una violación del derecho internacional y ha pedido al gobierno venezolano que garantice la seguridad de su embajada y de su personal.

El gobierno venezolano, por su parte, ha acusado al embajador argentino de injerencia en los asuntos internos del país y ha dicho que no permitirá que se utilice la embajada como plataforma para desestabilizar al país.

Reacciones internacionales

El asedio a la embajada de Argentina en Venezuela ha generado reacciones de condena por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han condenado el asedio y han pedido al gobierno venezolano que lo levante.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también ha condenado el asedio y ha dicho que es una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Perspectivas

El asedio a la embajada de Argentina en Venezuela es un acontecimiento grave que podría tener consecuencias para las relaciones entre Argentina y Venezuela. El gobierno venezolano debe levantar el asedio y garantizar la seguridad de la embajada y de su personal.

El asedio también es un recordatorio de la difícil situación de los derechos humanos en Venezuela. El gobierno venezolano debe respetar los derechos humanos y el derecho internacional.