Cierre de centros de estudiantes en cárceles argentinas desata controversia
La reciente decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) está generando intensos debates y protestas. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 372/2025, ha provocado la reacción de estudiantes, defensores de los derechos de los reclusos y autoridades universitarias, quienes ven en ella un retroceso en el proceso de resocialización de los internos.
¿Qué está pasando?
Según informa Malena Nazareth Martos (2024) en Clarín, la resolución ministerial afecta directamente a centros de estudiantes universitarios como el de Devoto (CUD), el del Complejo de Ezeiza 1 para hombres (CEUE) y el del Complejo IV de mujeres (CUE mujeres). Estos centros, que operan desde 1985 a través del programa UBA XXI, se han convertido en espacios clave para el acceso a la educación superior dentro de las cárceles.
La justificación del Ministerio de Seguridad se basa en la supuesta generación de «privilegios» para los miembros de estos centros, quienes, según la resolución, permanecen en las instalaciones educativas durante largas jornadas, impidiendo la realización de tareas laborales y actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios comunes. Además, se argumenta que este esquema es incompatible con el sistema de reinserción social, permitiendo el avance de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario.
Reacciones y protestas
La respuesta no se hizo esperar. El Centro de Estudiantes Universitario de Devoto (CUD) emitió un comunicado expresando su rechazo a la medida, calificándola como un ataque directo a la vida universitaria en contexto de encierro. Asimismo, se han registrado protestas en la cárcel de Devoto, donde los internos han quemado trapos y sábanas en las ventanas como señal de descontento.
Fabio Julio Galante, abogado graduado del Centro Universitario Devoto y defensor de los centros estudiantiles, explicó en diálogo con Clarín que esta restricción limita el acceso a espacios académicos y bibliotecas, esenciales para el desarrollo de actividades de apoyo y coordinación entre los estudiantes. «La protesta ruidosa es porque se restringe el espacio académico a solo la cursada, es decir, entrás cuando viene tu materia y te vas cuando termina, no podés estar en la biblioteca o usar una computadora para hacer un práctico», señala Galante, subrayando el impacto negativo en la autogestión y el incentivo al estudio entre los internos.
La postura del gobierno
Por su parte, el Gobierno nacional, a través del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, asegura que el cierre de los centros estudiantiles no implica ninguna consecuencia práctica para el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Curi argumenta que se dictan carreras universitarias en casi todas las unidades del país y que la permanencia prolongada en los centros estudiantiles genera una desigualdad con respecto a la demás población penal. Además, menciona la existencia de causas penales por venta de estupefacientes en el CUD.
El debate sobre la resocialización
El cierre de los centros de estudiantes en las cárceles argentinas ha reabierto el debate sobre el rol de la educación en el proceso de resocialización de los internos. Mientras que algunos sostienen que estos espacios generan privilegios y dificultan el cumplimiento de las normas penitenciarias, otros argumentan que son fundamentales para promover la reinserción social y ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional a quienes se encuentran privados de su libertad.
Galante enfatiza que la educación en contextos de encierro tiene como finalidad la resocialización, poniendo como ejemplo su propia experiencia: «Me recibí de abogado y cursé materias de Sociología y Filosofía para ayudar a otros compañeros con el cupo. Esto se pierde, al SPF no le gusta que estudien porque después reclaman derechos».
Implicaciones futuras
La medida adoptada por el Ministerio de Seguridad plantea interrogantes sobre el futuro de la educación en las cárceles argentinas y el compromiso del Estado con la resocialización de los internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles han presentado un Habeas Corpus en defensa de los centros estudiantiles, lo que indica que la batalla legal y política en torno a este tema está lejos de haber terminado.
Será crucial observar cómo evoluciona esta situación y qué medidas se adoptan para garantizar el acceso a la educación y promover la reinserción social de las personas privadas de libertad, en un marco de respeto a sus derechos y cumplimiento de las normas penitenciarias.
La controversia desatada por el cierre de estos centros pone de manifiesto la complejidad de abordar la problemática carcelaria y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la seguridad, el orden y la promoción de los derechos humanos.
