El Gobierno Argentino Está Inhabilitando Centros de Estudiantes en Cárceles Federales
El Ministerio de Seguridad de Argentina, bajo la dirección de Patricia Bullrich, está implementando una polémica medida que impacta directamente en la vida educativa de las personas privadas de libertad. La administración actual está inhabilitando los centros de estudiantes que operan dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Esta decisión, formalizada a través de la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial, está generando un intenso debate sobre los derechos de los reclusos y las estrategias de reinserción social.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno?
Según declaraciones del Ministerio de Seguridad, esta medida se justifica argumentando que la dinámica de los centros de estudiantes dentro de las cárceles estaría afectando negativamente el proceso de «reinserción social» de los internos. El gobierno está sosteniendo que la asistencia y permanencia de los internos en estos centros durante toda la jornada impide la realización de tareas obligatorias diseñadas para este fin.
«La asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social», se explica en el documento oficial.
Si bien el Gobierno está reconociendo el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, amparado en normativas internacionales y en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22), así como en los artículos 133 a 142 de la Ley N° 24.660, texto según Ley N° 26.695, se considera que la creación de centros de estudiantes no está contemplada normativamente y que, por el contrario, «afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario», según se detalla en la resolución.
Implicaciones de la Medida
Esta inhabilitación está generando interrogantes sobre el futuro de los programas educativos dentro de las cárceles federales. Los centros de estudiantes, hasta ahora, estaban sirviendo como espacios de organización, debate y apoyo académico para los internos. Su eliminación podría significar una restricción importante en el acceso a la educación y en las oportunidades de desarrollo personal dentro del sistema penitenciario.
Reacciones y Críticas
La medida está suscitando diversas reacciones entre organizaciones de derechos humanos, académicos y la comunidad penitenciaria. Algunos críticos están argumentando que la educación es una herramienta fundamental para la reinserción social y que restringir el acceso a ella podría aumentar las tasas de reincidencia. Otros están cuestionando la falta de evidencia empírica que respalde la afirmación del gobierno de que los centros de estudiantes son incompatibles con la reinserción social.
Contexto Político y Social
Esta decisión se enmarca en un contexto de políticas de seguridad más amplias impulsadas por el gobierno actual, que incluyen un enfoque más restrictivo en el tratamiento de los delitos y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. La ministra Bullrich ha sido una figura clave en la implementación de estas políticas, y su gestión ha sido objeto de elogios y críticas por igual.
Además de esta medida, el Gobierno también está denunciando penalmente a los organizadores de la marcha de jubilados del 12 de marzo, acusándolos de «sedición y asociación ilícita». Esta denuncia, también impulsada por Patricia Bullrich, está señalando a figuras como el exlíder montonero Mario Firmenich y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, como posibles responsables de promover disturbios con fines desestabilizadores, según ámbito.com.
Según ámbito.com, la denuncia también está apuntando contra Leandro Capriotti, vinculado a Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales responsables de la organización de la violencia. La aplicación del artículo 8 de la ley Anti Mafias 27.786, que penaliza la «Asociación ilícita» entre los «Delitos contra el orden público», está generando controversia y debates sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
¿Qué sigue?
Se espera que esta medida genere acciones legales y recursos administrativos por parte de organizaciones de derechos humanos y abogados defensores de los derechos de los internos. También es probable que se intensifique el debate público sobre el papel de la educación en la reinserción social y sobre las políticas penitenciarias en Argentina.
Conclusión
La inhabilitación de los centros de estudiantes en las cárceles federales argentinas está representando un cambio significativo en el enfoque del gobierno hacia la educación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Esta medida, que según el Ministerio de Seguridad busca mejorar el sistema penitenciario, está generando controversia y plantea interrogantes sobre el futuro de los derechos de los reclusos y las estrategias para reducir la reincidencia.
