Ciudad y Nación: Un nuevo capítulo en la disputa por la seguridad y la coparticipación
La relación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la administración nacional está escalando a nuevos niveles de tensión. En el centro del conflicto se encuentran la gestión de las cárceles federales, la problemática de los trapitos y los fondos de coparticipación adeudados. La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, se suma a las críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusándola de incumplir sus responsabilidades con los ciudadanos de la Ciudad.
Según ámbito.com (n.d.), la controversia se intensifica a medida que el Ejecutivo porteño exige un plan de contención para la sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías. La transferencia de la gestión de las cárceles federales desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, una decisión impulsada por Bullrich, está generando fricciones y desencadenando una serie de reclamos por parte de las autoridades de la Ciudad.
El reclamo por la gestión de presos federales
Clara Muzzio está siendo enfática al señalar que Bullrich «está en falta con los porteños por no llevarse los presos y lo sabe». La funcionaria está insistiendo en que la ministra no está cumpliendo con el traslado de los presos del sistema federal que se encuentran en dependencias de la Ciudad, una situación que, según Muzzio, se asemeja a la gestión anterior de Alberto Fernández. Este reclamo no solo se centra en la responsabilidad de la Nación, sino también en la necesidad de liberar espacio en las comisarías y alcaidías porteñas, que están operando al límite de su capacidad.
El debate por los fondos de coparticipación
La disputa no se limita a la gestión de presos. Muzzio también está elevando la voz para exigir que el Gobierno nacional «se haga cargo de los fondos de la coparticipación que nos deben, que son más de u$s6.000 millones». La vicejefa de Gobierno está advirtiendo que esta deuda está impactando directamente en la capacidad de la Ciudad para realizar obras, inversiones y reducir impuestos. En este sentido, la falta de recursos está afectando la calidad de vida de los porteños y limitando el desarrollo de la Ciudad.
Críticas al alineamiento político de Bullrich
En un tono más crítico, Muzzio está cuestionando el alineamiento de Patricia Bullrich con La Libertad Avanza, señalando que «es parte de su propia historia eso de saltar de un espacio político a otro». Estas declaraciones están sugiriendo una falta de coherencia ideológica por parte de la ministra y están poniendo en duda su compromiso con los valores y principios que deberían guiar su gestión.
La lucha contra los trapitos: Un problema de seguridad y extorsión
Paralelamente al conflicto con la Nación, la Ciudad de Buenos Aires está intensificando los operativos para combatir la actividad de los cuidadores de vehículos, conocidos como «trapitos». Clara Muzzio está planteando que «no tenemos que romantizar una changa, los trapitos no pueden estar, muchas veces acuden a la violencia y a la extorsión». La funcionaria está enfatizando que detrás de esta actividad existen organizaciones que se aprovechan de personas que necesitan trabajar.
Muzzio está recordando que el Gobierno porteño envió «un proyecto de ley para endurecer las penas en el Código Contravencional, no solo para el trapito, sino cuando se puede llegar a una organización las penas van a ser mayores. Muchas veces el accionar de esta gente se presenta con amenaza, violencia o extorsión». La propuesta busca aumentar las sanciones para quienes ofrezcan servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización, con penas que podrían incluir arresto, trabajos de utilidad pública o multas.
El impacto económico de los trapitos
Según estimaciones de la funcionaria, los trapitos están recaudando cerca de $60 millones diarios en la ciudad. Esta cifra está revelando la magnitud del problema y justificando la necesidad de tomar medidas más contundentes para erradicar esta actividad ilegal. El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo local busca sancionar a quienes ofrezcan estos servicios sin autorización con penas de 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o una multa de 800 a 4.000 unidades fijas.
En conclusión, la Ciudad de Buenos Aires está enfrentando múltiples desafíos en materia de seguridad y gestión de recursos. La disputa con la Nación por la gestión de presos y los fondos de coparticipación, sumada a la lucha contra la actividad ilegal de los trapitos, están generando un clima de tensión y exigiendo respuestas urgentes por parte de las autoridades competentes. La situación está evolucionando y requiere un seguimiento constante para comprender su impacto en la vida de los porteños.
