Comité del Legislativo no detendrá elección judicial
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal se mantiene firme en su decisión de no suspender el proceso de elección judicial, argumentando que "resulta jurídicamente imposible". En un comunicado, el Comité declaró que la suspensión ordenada por el juez Sergio Santamaría "es notoriamente improcedente e inatendible", ya que viola los derechos políticos electorales de los aspirantes.
Suspensión ordenada por un juez
La noche del martes, los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial recibieron un acuerdo emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, ordenando suspender actividades mientras se resuelve un juicio de amparo. El incumplimiento de esta medida podría acarrear una multa de 107 mil 570 pesos o incluso una vista ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desacato.
Decisión dividida
A pesar de la orden judicial, el Comité del Poder Legislativo y el Ejecutivo han decidido continuar con el proceso electoral extraordinario para seleccionar jueces, magistrados y ministros. Esta decisión contrasta con la postura del Comité del Poder Judicial, que suspendió sus actividades en cumplimiento del acuerdo del juzgado.
Argumentos del Comité de Evaluación
El Comité de Evaluación del Legislativo sostiene que suspender el proceso electoral sería ilegal y atentaría contra los principios que rigen la materia electoral, como la certeza, legalidad e imparcialidad. Además, señala que la decisión del juez viola los derechos humanos de los aspirantes, quienes tienen derecho a ser votados.
Otras consideraciones
El Comité de Evaluación del Ejecutivo, encabezado por Arturo Zaldívar, ha manifestado que atiende las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los comicios judiciales. El proceso electoral continúa en desarrollo y se espera que el Tribunal Electoral emita un fallo definitivo sobre la suspensión ordenada por el juez.
Mientras tanto, el Comité de Evaluación del Legislativo se mantiene firme en su intención de continuar con el proceso electoral, asegurando que es legalmente viable y respetuoso de los derechos de todos los involucrados.
