La Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) se encuentra investigando a España por prohibir la entrada a sus puertos de buques con armas destinadas a Israel, una medida que podría acarrear duras sanciones para el Gobierno español.
Argumentos contra la investigación
Tres congresistas demócratas de Estados Unidos, Rashida Tlaib, Cori Bush y Summer L. Lee, se han pronunciado en contra de esta investigación, calificándola de "un temerario insulto" para España y argumentando que el país tiene derecho a tomar decisiones humanitarias sin interferencias o sanciones de sus aliados.
La investigación es "un temerario insulto para nuestros aliados en España, que sólo han buscado reforzar de buena fe su política de soberanía nacional y defender la ley internacional", afirmaron las congresistas en una carta dirigida al presidente de la FMC.
Las congresistas subrayan que las armas suministradas por Estados Unidos a Israel han causado la muerte de miles de personas en Gaza, incluidas un gran número de niños, y que Estados Unidos debería respetar la ley internacional que ha incumplido.
Respuesta del gobierno español
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha defendido la decisión de prohibir la entrada de buques con armas para Israel, alegando que se trata de una decisión soberana acorde con las leyes nacionales y que no vulnera la legislación marítima internacional.
El gobierno español ha señalado que la negativa a permitir la entrada se ha limitado a casos puntuales y que no responde a una actitud inamistosa hacia Estados Unidos.
Investigación de la FMC
La FMC inició su investigación el pasado 6 de diciembre, tras recibir presiones de la compañía naviera danesa Maersk, cuyos buques se han visto afectados por la prohibición española.
La FMC tiene jurisdicción para intervenir independientemente del país de abanderamiento del buque y ha expresado su preocupación por las posibles "condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior" que podría crear la aparente política de denegación de entrada a determinados buques.
La investigación se encuentra en una fase preliminar y tanto el gobierno español como Maersk tienen de plazo hasta el próximo 26 de diciembre para presentar alegaciones.