Una asociación profesional de militares, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha firmado un convenio con Desokupa, una empresa conocida por sus controvertidos servicios de desalojo extrajudicial dirigidos por el ultraconservador Dani Esteve. Este acuerdo es similar al que Desokupa firmó anteriormente con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), lo que provocó una gran polémica y llevó al Ministerio del Interior a iniciar una investigación.

Descuentos y beneficios

Este convenio ofrece a los 4.000 afiliados de ATME descuentos de hasta el 50% en los cursos de seguridad impartidos por Desokupa y en sus servicios de desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente. Según el presidente de ATME, Marcos Antonio Gómez Martín, este acuerdo también incluye descuentos para los soldados que sufran la ocupación ilegal de sus domicilios particulares.

Falta de acreditación

Sin embargo, Desokupa no está acreditada como centro autorizado para impartir cursos de seguridad privada, según fuentes del Ministerio del Interior. Esto significa que los cursos de combate personal ofrecidos por la empresa no están homologados oficialmente y no acreditan a los alumnos para trabajar como vigilantes de seguridad. A pesar de ello, el presidente de ATME sostiene que estos cursos son necesarios porque el título militar de Seguridad y Defensa no habilita para trabajar en la seguridad privada.

Preocupaciones sobre la legalidad

El acuerdo entre ATME y Desokupa ha generado preocupación entre algunos expertos legales, que cuestionan la legalidad y la ética de los servicios de desalojo extrajudicial de Desokupa. Estos servicios a menudo implican el uso de la fuerza y la intimidación para expulsar a los ocupantes ilegales, lo que puede infringir los derechos legales de los ocupantes.

Antecedentes de Desokupa

Dani Esteve, el director de Desokupa, es una figura controvertida conocida por sus opiniones de extrema derecha. La empresa ha estado involucrada en varios incidentes violentos y su participación en las protestas contra el gobierno de 2023 ha suscitado críticas. Además, Desokupa ha sido acusada de utilizar tácticas coercitivas para desalojar a los ocupantes, lo que ha llevado a investigaciones por parte de las autoridades.

Reacciones

El acuerdo entre ATME y Desokupa ha sido recibido con reacciones encontradas. Algunos expertos legales han criticado el acuerdo, mientras que otros han defendido el derecho de los militares a buscar apoyo para la seguridad de sus hogares. El Ministerio del Interior está estudiando el acuerdo y la posibilidad de retirar la subvención al SUP, que también firmó un convenio con Desokupa.

Según una nota de prensa de ATME, Desokupa también se ha comprometido a "ofrecer puestos de trabajo" a los soldados que completen sus cursos, siempre que cumplan con el perfil requerido. No está claro si Desokupa contrataría directamente a estos soldados o actuaría como una agencia de colocación.