El Gobierno de Ayuso pide la dimisión inmediata de Sánchez y el fiscal general
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su portavoz, Miguel Ángel García Martín, han reclamado este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha abierto una causa por revelación de secretos contra el fiscal.
El Ejecutivo madrileño considera que tanto Sánchez como García Ortiz deberían dimitir por su presunta implicación en la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.
“Debería dimitir de manera inmediata. Esto es muy grave. Todo lo que toca Pedro Sánchez es corrupción y fango. No debería permanecer ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país”, ha afirmado García Martín.
El portavoz del Gobierno regional también ha defendido que su Ejecutivo nunca ha distribuido un bulo sobre el caso que afecta a la pareja de la presidenta, afirmando que se trata de “una calumnia”.
La causa abierta por el Supremo parte de la publicación, por parte de la Fiscalía, de una nota de prensa que desmentía un bulo difundido por el equipo de Ayuso tras conocerse que el ministerio público había denunciado a González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda.
Ante las numerosas solicitudes de aclaración de los periodistas, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado explicando que había sido el abogado de González Amador quien había tratado de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, un procedimiento habitual por el que los acusados reconocen sus delitos a cambio de una rebaja de la pena.
Esta nota de prensa es la que, según la pareja de Ayuso, incurre en un delito de revelación de secretos porque incluía datos personales. Sin embargo, el Supremo descarta esta teoría y ve indicios de que García Ortiz y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal).
El tribunal basa sus indicios en que García Ortiz y Rodríguez tenían los correos electrónicos entre el fiscal y el abogado de González Amador desde la noche en que se publicaron en los medios de comunicación.
“Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, se leía en el correo enviado por el abogado de González Amador, quien reconocía así la culpabilidad de su cliente con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
