La Cámara de Diputados declara la supremacía de la Constitución, blindando la reforma judicial de Morena
En una sesión ordinaria, los legisladores aprobaron el decreto que modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, otorgándole supremacía sobre cualquier otra norma o resolución.
Contexto
La reforma surge como respuesta a las controversias y amparos interpuestos contra reformas constitucionales recientes, como la elección de jueces, que han sido suspendidas por jueces federales.
El partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados buscaron blindar estas reformas, argumentando que las decisiones del Poder Legislativo no pueden quedar subordinadas a criterios judiciales.
Alcance de la reforma
La reforma establece que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso las acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la Constitución ahora serán improcedentes, lo que limita el alcance de las resoluciones judiciales.
Los impulsores de la reforma sostienen que es una defensa de la soberanía del Poder Legislativo y garantiza que las decisiones de los representantes del pueblo no sean invalidadas por criterios judiciales.
Críticas
Sin embargo, los críticos argumentan que la reforma debilita el sistema de pesos y contrapesos y concentra el poder en manos del Poder Legislativo.
Sostienen que las resoluciones judiciales son necesarias para garantizar la constitucionalidad de las leyes y prevenir abusos de poder.
La reforma judicial de Morena
La reforma judicial de Morena ha sido ampliamente criticada por concentrar el control sobre el Poder Judicial en el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma elimina la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otorga al presidente la facultad de proponer y nombrar a los ministros.
Los críticos alegan que la reforma socava la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de derecho en México.
